El Gobierno ha reaccionado con indignación a la acusación de que Rodriguez Zapatero y ETA comparten en este momento la misma estrategia. Es lógico que se hayan indignado, porque es duro aceptar que un gobierno democrático comparta objetivos y métodos con una banda terrorista. La realidad es inaceptable, pero no por ello es menos cierta. La triste verdad es que el Gobierno ha asumido de hecho la estrategia diseñada por Batasuna en Anoeta: el reconocimiento de la autodenominada Izquierda Abertzale como interlocutor político necesario, sin necesidad siquiera de que condene la violencia terrorista, y la constitución de dos mesas simultáneas e interconectadas de negociación: una del Gobierno con ETA para la “pacificación” y la otra de los partidos vascos con Batasuna para hablar de “normalización política. Pero el Gobierno está haciendo algo más que asumir el planteamiento de Batasuna. La hoja de ruta que Zapatero está siguiendo en este mal llamado “proceso de paz” se parece en realidad demasiado a la que el jefe político de ETA, Mikel Antza, redactó poco antes de ser detenido en Francia en un operación conjunta de la Guardia Civil y la policía francesa.
Según los documentos intervenidos tras la detención del cabecilla etarra, el proceso negociador arrancaba en junio de 2004. Ese año, con la intención de "abrir la intermediación", el dirigente etarra anotaba unos primeros contactos de los socialistas vascos con Batasuna. La documentación incautada señala que a mediados de 2004 se habría producido un contacto indirecto de ETA con el Gobierno. Según Antza esos contactos deberían posteriormente institucionalizarse.
Según el plan inicial de ETA, en 2005 debía declarar un "alto el fuego temporal" y, a cambio, el Gobierno realizaría una declaración de intenciones similar al que supuso el inicio del proceso de paz en Irlanda del Norte. Esa declaración se sustituyó en nuestro caso por la moción del Congreso de los Diputados del año pasado invitando a la banda a negociar. El único cambio trascendente hasta ahora ha sido que el “alto el fuego temporal” previo que ofrecía Antza, se ha transformado tras la declaración del Congreso en “una suspensión indefinida de las acciones armadas”.
Una vez oficializado el proceso negociador, lo que el presidente del Gobierno piensa hacer este mismo mes, ETA exigirá al Gobierno español "el acercamiento de presos" y la "legalización de Batasuna", así como suspender la presión judicial y policial sobre la banda terrorista. Es muy probable que el acercamiento de presos lo anuncie Zapatero junto a la declaración de inicio del dialogo formal con la banda. Por otro lado, el Gobierno ya ha legalizado de facto a Batasuna al reconocerla como interlocutora política. Por último, desde el PSOE constantemente se reclama a los jueces que se atengan a la nueva situación y la Fiscalía General del Estado está haciendo ya su papel en este sentido. Las detenciones de etarras en España desde el alto el fuego son prácticamente inexistentes.
Bajo la cobertura del "alto el fuego", ETA está exigiendo al Gobierno español el "reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi y Navarra". La hoja de ruta de Antza programaba que en este mismo año 2006 se alcance un acuerdo político en estos términos, con el apoyo de PNV y Ezker Batua. El Gobierno español concedería al año siguiente (2007) una amnistía a los presos con determinados delitos. En ese mismo año se firmaría un acuerdo similar al de Stormont, en alusión al pacto firmado en abril de 1998 entre los partidos del Ulster. En dicho pacto deberían intervenir los firmantes del primer y segundo acuerdo y, además, el PSE, el Partido Socialista de Navarra e incluso el Partido Socialista Francés.
Según el plan Antza, en el año 2008, ETA querría obtener una amnistía que alcance a todos sus presos en España (más de 570 en la actualidad). El calendario de Antza no prevé exigir igual medida de gracia para los más de 150 etarras presos en Francia. En las elecciones generales de 2008 “las fuerzas políticas vascas se presentarán bajo una única candidatura". Por su parte, las Fuerzas Armadas españolas, francesas y la propia ETA se pedirían perdón mutuamente "por los actos cometidos" durante los años de conflicto. "Perdones por las dos partes", según la terminología etarra.
Para el siguiente año, 2009, el documento de Antza sólo incluía un objetivo político: se constituiría un "órgano común" entre Euskadi y Navarra, con lo que quedarían ligadas ambas comunidades autónomas, sin más precisiones sobre las implicaciones jurídicas o políticas de este proyecto. En 2010 se planteaba "profundizar" en el proceso de negociación con los Estados español y francés y que el Foro de Debate Nacional continuase "acumulando fuerzas" en torno a las propuestas etarras. Un año después, 2011, el itinerario político del jefe de ETA preveía que se constituyese un "órgano común" entre la comunidad nacida de la fusión Euskadi-Navarra con el País Vasco francés. La hoja de ruta de Antza acababa en 2012, el año "de la reparación histórica" momento en el que se ejercería el derecho de autodeterminación en toda Euskal Herria (Euskadi, Navarra y País Vasco francés).
El Gobierno español está siguiendo hasta ahora la hoja de ruta diseñada por Antza antes de ser detenido. Hay algunas variaciones sobre el modelo inicial planteado por ETA. Por ejemplo, la banda ha tenido que adelantar del 2008 al 2006 el “alto el fuego indefinido” y la cuestión de los presos va algo más lento de lo deseado por su anterior jefe político. Pero es incuestionable que el proceso “largo, duro y difícil” que nos propone Zapatero tiene en realidad mucho que ver con la hoja de ruta diseñada por Antza hasta el 2012. Al menos hasta ahora se parece demasiado. Aunque se enfaden.
