Dos cosas llaman la atención del hundimiento de Rodriguez Zapatero en las encuestas. La primera es que se produzca de forma tan acelerada, apenas un año y medio después de conquistar el poder. La segunda es que el deterioro de su imagen se produzca mientras la economía del país sigue creciendo a buen ritmo. Ambas cosas resultan relativamente inéditas en nuestra democracia.
La crisis de popularidad del presidente es sobre todo una crisis de confianza. Rodriguez Zapatero da la impresión a una mayoría de españoles de que ni sabe bien a dónde quiere conducir el país ni tiene la capacidad para conducirlo a sitio alguno. Es en gran medida un problema personal, porque ni sus vicepresidentes ni su ministro de Defensa salen tan mal parados en las encuestas como el propio presidente.
El segundo problema del Ejecutivo es de discurso. Es cierto que hasta ahora el Gobierno ha logrado vencer en todas las batallas que ha planteado, apoyado en última instancia por sus socios más radicales, pero no es menos cierto que todas las batallas ganadas hasta la fecha han sido batallas equivocadas. El ejemplo más paradigmático de esta realidad es el Estatuto de Cataluña. Rodríguez Zapatero pudo ganar el debate en el Congreso de los Diputados, porque a la postre el proyecto de Estatuto recibió más votos a favor que en contra, pero perdió el debate en la calle, especialmente entre su propio electorado.
El problema de fondo del PSOE es que venció en las elecciones del 14 de marzo sobre una situación de excepcionalidad provocada por los brutales atentados de tres días antes. Mantener ese clima de excepcionalidad le exige prolongar desde el poder un discurso radical de confrontación con los sectores moderados de la sociedad, de revisión de nuestra historia reciente y de ruptura de los consensos básicos construidos desde la transición democrática. El riesgo de no hacerlo es que los tres millones de votos más radicales que le dieron la victoria en las últimas elecciones se sientan desencantados y no vuelvan a apoyarle en las siguientes. Pero el riesgo de mantener ese discurso es que la inmensa mayoría de ciudadanos de este país, que considera la Constitución como un pacto razonable que ha contribuido decisivamente a restañar nuestras viejas heridas y nos ha proporcionado un cuarto de siglo de libertad y prosperidad, está cada vez más asustada con esa deriva radical del presidente.
El tercer problema es que mientras continuamos enzarzados en debates existenciales sobre lo que es y no es la Nación o sobre el sexo de los cónyuges, la gestión de lo cotidiano es un verdadero desastre. La mayoría de los miembros del Gobierno obtienen año y medio después de llegar a su cargo un rotundo suspenso. La impresión es que este Gobierno no se ocupa de los problemas reales de las personas y que cuando lo hace es mejor que no lo hiciese.
Para oscurecer el panorama asoma ahora el viejo fantasma socialista de la corrupción. El escándalo de las condonaciones de deuda a los miembros del tripartito catalán está haciendo probablemente más daño al PSOE que el propio debate del Estatuto. Es posible que la gente no entienda bien por qué ese Estatuto nos puede costar a los castellanos y leoneses del orden de 600 millones de euros anuales, 2.500 si el sistema de financiación autonómica propuesto por Cataluña se generaliza a toda España, pero a quien se esfuerza mes a mes por pagar su hipoteca le indigna hasta el extremo ese trato de favor. Si además hay en juego intereses económicos tan importantes como el de la OPA de Gas Natural a Endesa la cuestión entra de lleno en las peores prácticas de corrupción política.
Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.
