La estrategia antiterrorista impulsada por José María Aznar, que llevó a ETA al borde mismo de su derrota definitiva, se basaba en tres principios fundamentales: la voluntad democrática de victoria, la fortaleza del Estado de Derecho y el consenso político. En poco más de un año, Rodriguez Zapatero ha desmantelado por completo esa estrategia impulsando una política antiterrorista basada en el diálogo con los asesinos, en la inhibición del Estado de Derecho y en el abandono del Pacto por las Libertades. Esta nueva estrategia solo puede conducir, está conduciendo ya, al fortalecimiento de ETA y la debilidad del frente democrático para hacer frente al terrorismo.
En contraposición a la voluntad de victoria frente al terrorismo que lideraron los sucesivos gobiernos del PP, y cuyo liderazgo aún mantiene este partido en la oposición, Zapatero ha abierto una etapa de diálogo y negociación con los terroristas. El actual presidente, movido estrictamente por un interés partidista, pretende así acelerar el final de ETA para cobrar anticipadamente el rédito electoral que supondría erigirse en el pacificador del País Vasco. Rodriguez Zapatero ha sucumbido así a los cantos de sirena que desde ETA se le hicieron llegar tan pronto como se instaló en La Moncloa tras su sorpresiva victoria el 14-M y cuyo último eco hemos escuchado este viernes en la manifestación ilegal convocada por Batasuna en Bilbao. Esos ecos han sido además ampliados e instrumentados por un Partido Socialista en Euskadi que busca reeditar en el País Vasco, una vez superada la violencia, la coalición de independistas de izquierda que ya gobierna en Cataluña y Galicia. El problema es que esta estrategia de diálogo no sólo no conduce, como ya se está viendo, a la desaparición anticipada de ETA, sino a su fortalecimiento y perpetuación.
El segundo principio que ha quebrado el actual Gobierno es la fortaleza del Estado de Derecho. Las reformas legislativas impulsadas por la mayoría del PP, con el respaldo del PSOE en la oposición, habían cercenado toda ventana de oportunidad política, social, mediática o financiera a ETA. Los terroristas habían sido expulsados de todas las instituciones democráticas y sus partidos, organizaciones sociales, medios de comunicación y empresas, ilegalizadas por la Justicia. Esta fuerza del Estado de Derecho estaba asfixiando, lenta pero inexorablemente, todo en entramado terrorista. Todo ello acompañado de una eficacia inusitada en la detención de pistoleros y en el desmantelamiento de sus comandos e infraestructuras, lo que incidía en una falta de liderazgo de los asesinos dentro de la propia organización.
Todo esto ha cambiado de forma radical. Hoy ETA vuelve a estar en el Parlamento vasco sin ni siquiera tomarse la molestia de buscar otras siglas parlamentarias diferentes a las que Batasuna tenía en la anterior legislatura. Pero ETA no sólo está, sino que manda. ETA decide quién es y quién no es el presidente de la Cámara e incluso si Ibarretxe debe seguir o no instalado en el Palacio de Aujuria Enea. ETA chantajea políticamente al PNV y el Gobierno Vasco la acepta como un interlocutor político legítimo, mientras el PSE mantiene encuentros clandestinos con ellos. Batasuna ha vuelto a tomar impunemente las calles mientras el Gobierno vasco y el Gobierno de España hacen la vista gorda con la ilegalidad. Los cachorros de ETA vuelven a practicar cada fin de semana el terrorismo callejero atemorizando a sus vecinos. Cientos de concejales son vejados y amenazados para que abandonen sus puestos a favor de los representantes de los terroristas. En definitiva, frente a una ETA acogotada y acorralada de hace un año, nos encontramos hoy con una ETA resucitada y envalentonada que ha retomado la iniciativa estratégica.
Todo ello es consecuencia en buena medida de la actual debilidad del frente democrático frente al terrorismo. Así, el Gobierno Zapatero ha hecho saltar por los aires, junto a la Ley de Partidos, el Pacto por las Libertades. Ese gran acuerdo reunía en su seno a una inmensa mayoría de los españoles que había gritado basta ya tras muchos años de soportar con estoicismo democrático la barbarie terrorista. Así, la perdida del consenso político, fundamento esencial de toda la estrategia anterior, ha desaparecido como consecuencia de un Gobierno que parece tener mayor interés en enterrar al PP que en salvaguardar la unidad frente al terrorismo.
La estrategia antiterrorista desarrollada por Zapatero sólo conduce a la derrota del Estado. Esto es probablemente lo que desea alguno de los socios del Gobierno, que contempla entre el asombro y el gozo como el Gobierno ha asumido su estrategia de la negociación con los terroristas frente a la posición que el propio PSOE había sostenido en la oposición. En este envite está en riesgo, por tanto, no solo la pervivencia del Estado de Derecho en nuestro país, sino la propia supervivencia de la Nación y del Estado que la da forma.
Ignacio Cosidó es senador del PP.
