La sentencia sobre el 11-M ha supuesto la condena para los declarados como autores y colaboradores de aquella masacre terrorista y la absolución de los acusados como inductores o autores intelectuales de esos atentados. Pero la resolución judicial del caso no debe hacernos olvidar lo más importante, que la amenaza de nuevos atentados yihadistas persiste en nuestro país y que la principal obligación del Gobierno es hacer todo lo posible, en el marco del Estado de Derecho, para que nunca más pueda reproducirse una tragedia como aquella.
Por el contrario, la única preocupación del Gobierno Zapatero tras esa sentencia es tratar de seguir rentabilizando a toda costa esos atentados en su propio beneficio electoral. La relación causa-efecto que desde el primer momento intentó establecer el PSOE entre la guerra de Irak y los atentados de Madrid es una vileza que lamentablemente sigue empozoñando la política española. Dar por buena a los terroristas la coartada de Irak, por un mero interés partidista, es tanto como dar cierto grado de legitimidad a esos atentados. El ministro del Interior haría bien en huir de esa infamia como de la peste.
Poner en relación el 11-M con Irak no es sólo una vil manipulación de los hechos, sino que constituye una peligrosa mentira que distorsiona gravemente la percepción de la amenaza yihadista que pesa sobre nuestro país. Si la motivación de los atentados fuera, como aún hoy sigue difamando el ministro del Interior, la presencia de las tropas españolas en aquel país, una vez retirados los soldados de ese escenario bélico la amenaza habría desaparecido. La realidad, por el contrario, es muy distinta.
La amenaza persiste porque el origen de la yihad terrorista precede y transciende con mucho la invasión en Irak. El terrorismo yihadista tiene a España como objetivo porque tiene declarada la guerra al conjunto de Occidente del que forma parte nuestro país. El objetivo de este movimiento islamo-fascista es el sometimiento o la destrucción de una civilización occidental a la que no sólo considera perversa en sí misma, sino a la que culpa además de sostener los regimenes apóstatas que tienen sojuzgadas, según su visión, a las sociedades islámicas. El objetivo último de la Yihad es dar un salto atrás en la Historia para reconstituir un gran califato que, sometido a una interpretación radical del Islam, les permita la dominación del mundo entero. Ese delirio totalitario es incompatible intrínsicamente con los principios de libertad, de igualdad y de respeto a los derechos humanos que inspiran nuestra civilización occidental.
Cualquier acción de España en defensa de la libertad en el mundo, especialmente en el mundo islámico, puede ser utilizada por tanto como coartada por los yihadistas para justificar un nuevo atentado en nuestro país. Si la huida de nuestras tropas de Irak se hubiera hecho para conjurar ese peligro, como también se insinuó en su momento desde el Gobierno, esa misma lógica debería obligar ahora a Zapatero a sacar nuestras tropas de Afganistán o del Líbano, operaciones auspiciadas por su Gobierno. La presencia de nuestras tropas en estos dos países ha sido mencionada reiteradamente por los terroristas en las recientes amenazas contra nuestro país. Pero ceder a ese chantaje terrorista sería tanto como vender nuestra libertad y asegurarnos la derrota.
Más allá de esta amenaza compartida con el resto de nuestros socios y aliados, pesa sobre España una amenaza específica. En todos los comunicados de la yihad se considera a nuestro país como parte del Islam y por tanto terreno a reconquistar. Para muchos españoles, Al Ándalus es mera retórica islamista a la que no hay que prestar mucha atención, pero la experiencia enseña que los terroristas yihadistas se toman muy en serio sus propias palabras, por delirantes que nos parezcan a nosotros.
Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África, constituyen otro de los objetivos recurrentemente mencionados en los comunicados de Al Quaeda y otros grupos terroristas adscritos. La presencia de grupos e individuos radicales en estas dos ciudades hace que debamos tomar más en serio esta amenaza específica.
Finalmente, las múltiples operaciones contra redes yihadistas protagonizadas por las fuerzas de seguridad españolas dan muestra del buen hacer de nuestros cuerpos policiales, pero al mismo ponen en evidencia la fuerte presencia de estos grupos terroristas en nuestro país. La tesis de que nuestro territorio es utilizado por estos grupos únicamente como una plataforma logística y de reclutamiento ya fue dramáticamente desmentida el 11 de marzo de 2004. Por otro lado, la reciente adscripción de los grupos salafistas de Argelia y Marruecos a Al Qaeda supone un riesgo añadido para nuestro país en la medida en que los esfuerzos por exportar el terror pueden intensificarse.
La dimensión de los atentados protagonizados por el terrorismo yihadista, en el que se busca magnificar la masacre sin ningún tipo de limitación, hace que la detención y condena de los autores e inductores de estos atentados sea sin duda importante, pero aún más lo es la capacidad de los servicios de inteligencia y policía para prevenir y evitar una nueva matanza. El Gobierno debería centrar todos sus esfuerzos en conjurar una amenaza que no sólo persiste, sino que se ha intensificado en los últimos años, en vez de seguir mirando al pasado para tratar de rentabilizar electoralmente esa terrible masacre o utilizar ahora la sentencia del caso para intentar desacreditar al Partido Popular.
