En el proyecto político liderado por Rodríguez Zapatero no sólo subyace la idea de un cambio de régimen, de superación de la transición democrática, de ruptura de los consensos constitucionales y de revisión interesada de nuestra reciente historia, sino que parece existir un proyecto aún más ambicioso de crear una nueva sociedad. Una sociedad en la que desaparezca toda creencia religiosa o al menos ésta quede circunscrita a un ámbito estrictamente personal. Una sociedad en la que exista un único pensamiento y en la que cualquier otra alternativa ideológica sea ilegítima por considerarla antidemocrática. Una sociedad en la que todo sea relativo, en la que el bien y el mal, la verdad o la mentira, se definan en función de una opinión mayoritaria coyuntural o por meros intereses de partido.
La asignatura de Educación para la Ciudadanía es sin duda la punta de lanza en ese ambicioso proyecto de construcción de esta nueva sociedad de laicismo agresivo, pensamiento único y absoluto relativismo moral. Nada habría que objetar a que en la escuela se impartieran principios constitucionales o declaraciones universales de derechos. El problema es que a tenor de las intenciones de este Gobierno, de los libros de texto hasta ahora conocidos y del enfoque que han dado a la asignatura sus promotores, Educación para la ciudadanía va mucho más allá de ese propósito introduciendo un sesgo ideológico en la educación de los niños y violentando la libertad de sus padres en la formación moral de sus hijos.
La escuela no debe ser en ningún caso un instrumento de adoctrinamiento ideológico. Aún menos, la educación debe ponerse nunca al servicio de los intereses de un partido o de un gobierno. La función esencial de la escuela es la enseñanza de conceptos bajo un principio de neutralidad política. Ni siquiera el Estado tiene derecho a adoctrinar políticamente a sus ciudadanos como pretende hacer Zapatero con esta asignatura.
La formación moral de los niños corresponde esencialmente a las familias, cuyos padres tienen la libertad constitucional de elegir los valores que quieren inculcar a sus hijos. La función de la escuela no es suplantar a los padres en esta formación moral, sino apoyarlos respetando la libertad de estos. La educación en valores es sin duda necesaria, pero esos valores deben ser aceptados previamente.
No es extraño que la implantación de la Educación para la ciudadanía haya generado una enorme polémica y un gran rechazo en muchas familias, en asociaciones de padres de alumnos, en numerosos centros docentes y en la Iglesia Católica. Es de destacar que la mayoría de las críticas y las discrepancias en torno a esta asignatura haya venido no del ámbito político, aunque Mariano Rajoy calificara acertadamente a esta asignatura como nuevo catecismo laico, sino de organizaciones sociales y de las propias familias. Es una muestra de que el debate sobre esta cuestión trasciende los meros intereses partidistas y tiene que ver con los valores más básicos.
La resistencia a este adoctrinamiento ideológico y a esta pretendida manipulación moral ha llegado al extremo de que algunos padres estén planteándose la objeción de conciencia para que sus hijos no cursen la asignatura, pese a las reiteradas amenazas del Gobierno sobre la obligatoriedad de la misma. La figura de la objeción tiene sin duda una compleja articulación jurídica aplicada a este caso, pero no es menos cierto que al final puede terminar siendo la última opción para defender la libertad que todos los padres tenemos en la educación de nuestros hijos.
El Gobierno está logrando sin embargo generar cierta división entre quiénes se oponen a la asignatura. Así, los representantes de los centros católicos consideran que es posible acomodar los contenidos de la asignatura al ideario de sus centros, mientras que muchos padres, y en buena medida la Iglesia, considera que la propia concepción de la asignatura atenta contra nuestra libertad y contra nuestros principios cristianos. Sería bueno que en un tema de tanta trascendencia hubiera una postura unitaria de todos los católicos que somos quiénes estamos liderando en este caso la oposición a esta nueva agresión del gobierno a nuestras creencias.
Ante un atentado a nuestra libertad como el que constituye Educación para la ciudadanía no es el momento de poner nuestros intereses, por legítimos e importantes que sean, por encima de nuestros principios. El proyecto de construcción de la nueva sociedad a la que aspira Zapatero se basa en buena medida en un gradualismo que de aceptarse nos llevaría a claudicar ante ese objetivo. No es un mero problema de contenidos, es una cuestión de concepto sobre como entender la educación, la libertad y la sociedad misma.
Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.
