Pocas horas después de que el Tribunal Constitucional amparara la candidatura proetarra de Iniciativa Internacionalista a las elecciones europeas del próximo 7 de junio, este partido fantasma renegaba de la condena a la violencia terrorista en la que había basado su apelación ante el Alto Tribunal. Simultáneamente, un partido que forma parte de ETA como Batasuna pedía abiertamente el voto, en boca de Arnaldo Otegi, para esa candidatura. Con estos datos, la sensación no puede ser otra que los terroristas han logrado burlarse de la Ley de Partidos y del Tribunal Constitucional. Ninguna de las dos cosas es una buena noticia para nuestra democracia ni para nuestro Estado de Derecho.
La exclusión de ETA de nuestras instituciones democráticas impulsada por los gobiernos de José María Aznar ha sido un factor decisivo en el grado de debilidad que padece actualmente esta banda terrorista. Por eso, la posibilidad de que los terroristas puedan volver a tener una voz en el Parlamento Europeo en los próximos cinco años sería una de las peores noticias que podríamos tener en la política de aislamiento institucional, social e internacional que tan buenos resultados ha logrado en el debilitamiento y deslegitimación del entramado terrorista. Tengo la esperanza de que ETA no tenga ya la fuerza necesaria para lograr el objetivo, pero la mera concurrencia de esta candidatura ya constituye un cierto aliento político para los que apoyan a los terroristas.
Mi impresión es que al Gobierno le ha faltado convicción para instar la ilegalización de esta candidatura, muchos de cuyos componentes mantenían una intensa vinculación con Batasuna, como pusieron de manifiesto los informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ministerio del Interior actuó más como reacción a la denuncia de los medios de comunicación que por iniciativa propia. El propio ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, dudó hasta el último momento confirmar esta voluntad. Los antecedentes demuestran que cuando se trata de aplicar la Ley de Partidos, el Gobierno de Zapatero titubea, como ya ocurrió con las candidaturas de ANV en las pasadas elecciones municipales, cuyos efectos aún padecemos con ayuntamientos todavía gobernados por los proetarras en el País Vasco. La reacción del Gobierno tras la última sentencia del Constitucional parece incluso de cierto alivio.
Acatar las decisiones judiciales es un principio básico de nuestro Estado de Derecho. No es tarea parlamentaria ni el control ni la crítica a las decisiones de los tribunales. Pero sí lo es prever el efecto de esas decisiones sobre la política antiterrorista y, en su caso, impulsar las reformas legislativas o las iniciativas políticas que puedan ser necesarias para un mejor funcionamiento del sistema y una mayor eficacia en la lucha contra el terror.
La gran eficacia demostrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra ETA ha colocado a la banda terrorista en un momento de mínima actividad criminal. Pero la experiencia de muchas décadas nos demuestra que es necesario combatir al terrorismo en todos los frentes y no exclusivamente en el policial. El aislamiento político y social de la banda resulta crucial para evitar que pueda regenerarse y provocar así la ansiada derrota definitiva de los terroristas. Cuanto mayor sea la debilidad criminal de la organización terrorista, mayor debe ser la presión sobre todo su entorno político, social, económico y mediático, porque sólo eso conducirá a la victoria final de la democracia sobre el terror.