Nada es más suicida que supeditar la política antiterrorista a la buena voluntad de ETA. Rubalcaba creía que tras rehabilitar políticamente a los cómplices de los terroristas, la banda emitiría un comunicado anunciando su disolución a cambio de algunas concesiones aparentemente menores en materia de presos y otros asuntos. Pero el efecto de la legalización de Bildu ha sido justamente el contrario. No sólo ETA no ha desaparecido y sus representantes políticos se niegan a condenar los atentados o pedir la disolución de la banda, sino que una vez han accedido al poder están poniendo las instituciones democráticas que controlan al servicio del proyecto totalitario de los terroristas. El peligro ahora es que el próximo 20-N, los cómplices de los terroristas puedan volver, si nadie se lo impide, al Congreso de los Diputados, el corazón mismo de nuestra democracia y de nuestra soberanía.
Lamentablemente, no creo que ETA tenga en estos momentos voluntad alguna de desaparecer. Los últimos datos de movimientos de los terroristas en Francia apuntan más bien lo contrario, los esfuerzos de la banda por reconstituirse y rearmarse como ocurrió en treguas anteriores. En mi opinión, creo que los terroristas no cometerán atentados en la medida en que los demócratas nos pleguemos a sus demandas, pero no dudaran en volver a asesinar, si pueden, en el caso de que no accedamos al chantaje permanente al que pretenden someternos. La amenaza al uso del terror es tan inaceptable política y moralmente como la ejecución misma de los atentados. Solo la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, la firmeza de nuestro Estado de Derecho y la fortaleza de nuestras convicciones democráticas podrá neutralizar esa amenaza y, en última instancia, llevarnos a la derrota definitiva de los terroristas que tanto ansiamos.
Llevamos demasiados años anunciando el final de ETA. Deberíamos haber aprendido de una vez que la derrota de ETA no llegará de ningún pacto firmado en una mesa de negociación ni de ningún comunicado otorgado graciosamente por la banda terrorista, sino cuando todos sus miembros estén en la cárcel y sus cómplices políticos sean aislados y repudiados socialmente en el País Vasco.
La presencia de Bildu en las instituciones está provocando un daño inmenso en la convivencia en el País Vasco y en el funcionamiento mismo de nuestra democracia. El poder al que han accedido los terroristas está generando situaciones que, de hecho, cada vez será más difícil revertir. Habría que tomar decisiones urgentes. Todo grupo político que se niegue a condenar los crímenes de ETA, exigir la disolución inmediata e incondicional de la organización terrorista y dar amparo a sus victimas, debería ser ilegalizado. La iniciativa para instar en los tribunales a esa ilegalización corresponde al Gobierno y a la fiscalía y ya deberían haberlo hecho. La lista de pruebas que acumulan las Fuerzas de Seguridad sobre la conexión de Bildu con Batasuna y ETA, las humillaciones ejercidas por sus cargos electos a las victimas del terrorismo y el apoyo mostrado a los asesinos, no ha hecho sino incrementarse con el paso del tiempo.
Necesitamos un gobierno con la fuerza, el coraje y la determinación necesarias para derrotar definitivamente a ETA. Para ello es esencial no solo mantener la presión policial y judicial sobre los terroristas, sino expulsar a sus cómplices políticos de las instituciones democráticas. Hay que cercenar cualquier posible vía de acuerdo, negociación o dialogo con los asesinos. El único camino que conduce a la derrota de los terroristas es el de la aplicación estricta de nuestro Estado de Derecho. La derrota definitiva de los terroristas será, junto a la recuperación económica, uno de los dos grandes desafíos que tendrá que abordar el nuevo Gobierno que surja de las urnas. No podemos asumir una paz tutelada por una organización terrorista.