La reunión entre el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el presidente del Gobierno en La Moncloa ha tenido más trascendencia de la que algunos han querido atribuirla. La información facilitada por Zapatero a la oposición sobre la marcha del proceso de negociación con ETA, principal justificación para el encuentro, ha sido absolutamente irrelevante. Pero el mensaje lanzado por el presidente del Partido Popular, estableciendo unas condiciones mínimas para restablecer el consenso en la lucha contra el terrorismo, sí es muy importante. En un momento en el que la negociación con los terroristas parece estancada, es bueno que la opinión pública conozca la voluntad del PP de volver al Pacto por las Libertades, es decir, de volver al consenso entre los dos grandes partidos para derrotar a ETA, a la que se puede y se debe derrotar, sólo con la ley, pero con toda la fuerza del Estado de derecho.
Hay quién puede creer que el Partido Popular no tiene relevancia alguna en la negociación que el Gobierno ha emprendido con la banda terrorista ETA. Los únicos actores relevantes serían así los interlocutores directos en la mesa de negociación: ETA y el Gobierno. Se equivocan de forma radical. Sin la oposición firme y activa del PP a realizar concesiones políticas a los terroristas hace ya tiempo que Rodríguez Zapatero habría llegado a un acuerdo que diera satisfacción a las demandas de los asesinos. Ha sido el sentido de la responsabilidad del Partido Popular, anteponiendo sus principios a su conveniencia electoral y la defensa del bien común a sus intereses partidistas, lo que ha permitido hasta ahora evitar una claudicación de nuestra democracia frente a sus enemigos.
Es cierto que este sentido de la responsabilidad histórica deja al Partido Popular en una situación estratégica delicada. En su negociación con ETA, Rodríguez Zapatero pretende dar la imagen de que va a ser capaz de arrancar a los terroristas un acuerdo para su aparente disolución a cambio de un precio asumible por la sociedad española. Pretende, además, añadir a esa mentira la propaganda de que sólo el catastrofismo del PP y su falta de apoyo durante lo que él llama “el proceso de paz” están ralentizando la consecución de un ventajoso acuerdo de España con los terroristas. La propia ETA -quemando autobuses, extorsionando y amenazando con volver a asesinar cada día- pone en evidencia cada día la infame mendacidad del presidente.
La propaganda gubernamental también deja hueco para culpar al PP en caso de que fracase su negociación porque los españoles vean que las condiciones impuestas por los terroristas son tan delirantes que resultan inasumibles para la democracia española. Para esa probable eventualidad, Zapatero y sus voceros ya han dejado claro que culparán al PP de la ruptura de la tregua por no haber apoyado al Gobierno en su negociación, y le echarán en cara, además, haber mantenido de forma injusta la acusación de rendición ante ETA.
¿Cómo salir de la trampa en la que el Gobierno intenta meter al PP con su proceso de paz? En mi opinión, tal como está haciendo Mariano Rajoy, con una estrategia basada en tres pilares.
En primer lugar, el PP está articulando su discurso de oposición al proceso de negociación con los terroristas en la fortaleza moral de nuestra democracia. Negociar políticamente con los terroristas, como es evidente que el Gobierno está haciendo, constituye una aberrante inmoralidad en sí misma, porque convierte en inútil el sacrificio de los cientos de víctimas que murieron precisamente por no ceder antes al chantaje de los terroristas. La negociación socava además el principio fundamental sobre el que se fundamenta toda democracia: que la voluntad mayoritaria de la sociedad no puede ser derrotada por la violencia totalitaria ejercida por una minoría mafiosa.
En segundo término hay que defender, como está defendiendo el PP, la verdad por encima de cualquier interés coyuntural. Es necesario desenmascarar la ocultación en la que el gobierno tiene sumido el proceso negociador y persistir en la denuncia de todos y cada uno de los pagos anticipados que el Gobierno está realizando a la banda terrorista: desde el reconocimiento de los terroristas como interlocutores políticos hasta la aplicación selectiva de la Ley en función de las circunstancias del proceso, pasando por cualquier futuro atenuante a la situación penitenciaria de los asesinos previa a la disolución de la banda. No es una tarea ni fácil ni grata, pero los españoles tienen el derecho a saber cuál es el precio que Zapatero pretende hacerles pagar colectivamente por la paz y decidir en libertad si ese precio resulta moralmente asumible.
