Resulta urgente que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofrezca a la sociedad española una explicación completa y creíble sobre el chivatazo que alguien desde el Ministerio del Interior dio a ETA para abortar una importante operación contra las finanzas de la banda terrorista en pleno proceso de diálogo del Gobierno con los asesinos. El silencio de Rubalcaba, negándose incluso a comparecer en el Parlamento ante los requerimientos de la oposición, sólo consigue dos cosas. Por un lado, agrandar la sospecha de que la orden de avisar a los terroristas de que estaban siendo seguidos partió de los ámbitos políticos del Ministerio y no a iniciativa de ningún policía. Por otro, mantener un inaceptable manto de duda sobre la actuación del Cuerpo Nacional de Policía, una duda que es tan falsa como injusta. Es por tanto imprescindible y urgente depurar tanto las responsabilidades políticas como que los Tribunales aclaren de una vez las responsabilidades penales para que el caso Faisán no quede como un punto negro en la abnegada e impecable labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desempeñado desde hace décadas y siguen ejecutando cada día en la lucha contra el terror.
El caso es de una extrema gravedad. Nunca en la historia de la lucha contra el terrorismo se había producido una delación a los asesinos por parte de la propia policía. El hecho en sí constituye una traición insoportable a todos los policías que han dejado los mejores años de su vida trabajando día y noche para derrotar a esos asesinos y especialmente a los varios cientos de víctimas del terror que dieron la propia vida en esa batalla. Ni siquiera en un momento de negociación de Zapatero con los terroristas es asumible que desde el propio Ministerio del Interior se alertase a los recaudadores de los asesinos de una operación judicial, en colaboración con las fuerzas de seguridad francesas, que iba a desmantelar buena parte del aparato de extorsión de los terroristas. Máxime cuando hoy sabemos que ETA utilizó ese tiempo para rearmarse y recomponer sus debilitadas estructuras criminales.
Por otro lado, por los datos que se ven publicando, da la impresión de que el Ministerio del Interior ha hecho todo cuanto está en su mano por obstaculizar y desviar la investigación judicial para que nunca lleguemos a saber la verdad de ese escandaloso chivatazo. El profundo malestar interno que ha generado en el Cuerpo Nacional de Policía la publicación del informe policial, con acusaciones que el fiscal ha considerado infundadas hacia algunos policías, no contribuye precisamente a crear el clima necesario para desarrollar un trabajo tan extraordinariamente delicado y prioritario como es la lucha contra el terrorismo.
Produce tristeza que siempre que el PSOE gobierna en España, el Ministerio del Interior se convierta en la casa de los líos. Es un hecho demostrado que en la lucha contra el terrorismo lo mejor es aplicar el Estado de Derecho con todas sus consecuencias, pero sin salirse nunca de ese camino. Cuando se toman atajos como el de la guerra sucia o las negociaciones con los asesinos uno siempre termina enlodazado en actividades delictivas que causan además un grave daño a nuestra democracia. Ni la sociedad, ni las victimas, ni los policías merecen el silencio culpable de Rubalcaba.