El nuevo curso político tiene tres asuntos claves en su agenda. El primero será la concreción legislativa de los anunciados procesos de reforma estatutarios y de la propia Constitución. El segundo será la aprobación, o no, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. El tercero será la continuación de la contrarreforma social que ha impulsado Rodriguez Zapatero desde su llegada al poder. Pero por encima de toda esa agenda planea la cuestión de si el PSOE podrá mantener la coalición parlamentaria con ERC e IU que le permite gobernar, si en su defecto será capaz de generar una mayoría alternativa o si el Gobierno perderá definitivamente en este curso la precaria mayoría parlamentaria que lo sustenta.
Las reformas del modelo de Estado es probablemente la asignatura más difícil que tiene planteada el Gobierno, aunque también con certeza la más trascendente, pues está poniendo en tela de juicio el propio concepto de España como Nación y en serio peligro la viabilidad misma del Estado. En este terreno, el examen más complicado que deberá aprobar el Gobierno es el del nuevo Estatuto para Cataluña. El dilema para Rodriguez Zapatero es que si cede a las exigencias de ERC puede no solo soliviantar a una mayoría de los españoles que no asumen el chantaje de los independentistas catalanes, sino enfrentarse a una rebelión dentro de su propio partido. Por el contrario, si el Presidente se mantiene firme en la defensa de los principios constitucionales, se arriesga a perder los apoyos parlamentarios necesarios para seguir gobernando.
La prueba de fuego para constatar la fortaleza parlamentaria de este Gobierno será la aprobación de los próximos presupuestos generales. Moncloa ya ha dado instrucciones a su grupo parlamentario para buscar alternativas al apoyo de ERC en el caso, nada improbable, de que el debate sobre el estatuto catalán termine por explotar. El único constreñimiento es no pactar por el momento con CiU, para no evidenciar la crisis anunciada del tripartito de Maragall, al que en buena medida Rodriguez Zapatero ha ligado su suerte. Por el contrario, el Gobierno corteja sin disimulo al hoy radicalizado PNV, aprovechando la sintonía que existe entre ambos gobiernos sobre la negociación con ETA. Con el resto de grupos minoritarios es más fácil llegar a acuerdos sobre la base de una amplia generosidad territorial con las inversiones.
En todo caso, no será fácil para el Gobierno aprobar en el Parlamento el nuevo presupuesto. Los independentistas catalanes mantendrán, como ya hicieron el año pasado, la presión hasta el último momento, con el agravante de que cualquier concesión que el Gobierno les otorgue deberá ser generalizable al resto de comunidades, si no se quiere azuzar un generalizado sentimiento de agravio. El PNV exige, por su parte, no solo reciprocidad en el apoyo socialista al presupuesto que se apruebe en el Parlamento de Vitoria, sino un sustancial aumento de las inversiones estatales en el País Vasco y saldar todas las facturas reclamadas por Ibarrtxe.
Si a esta debilidad política del Gobierno le unimos su vulnerabilidad social, la escasa capacidad de Rodriguez Zapatero para poder aguantar la presión de cualquier colectivo, el resultado puede ser un incremento del gasto público que termine por arruinar el rigor económico que trata de imponer el Vicepresidente Solbes a la política del Gobierno. Así, el riesgo de pagar todos los peajes políticos y sociales en el presupuesto del 2006 puede ser poner en riesgo la estabilidad y el crecimiento económico a medio plazo.
Por último, es previsible que Rodriguez Zapatero continúe en este curso con su proceso de reformas sociales radicales para intentar dar un contenido progresista a un Gobierno que carece de un proyecto político definido. Le toca ahora el turno a una contrarreforma educativa que va a generar una resistencia social muy amplia por parte de muchos padres de familia que defienden la calidad y la libertad en la educación de sus hijos. Aunque el Presidente ha hecho de la confrontación social uno de los ejes de su estrategia política, el Gobierno debería calibrar que grado de movilización en su contra empieza a ser peligroso para sus propios intereses.
El curso que ahora empieza va a ser, por tanto, determinante para marcar la duración de la presente legislatura. Si Rodriguez Zapatero no logra sacar adelante los presupuestos para el próximo año, el camino para unas elecciones anticipadas quedaría expedito, máxime si el desgaste de este Gobierno se mantiene tan intenso como el sufrido durante el verano, la economía empieza a dar algún signo de debilitamiento y las reformas constitucionales y estatutarias se terminan convirtiendo, como es previsible, en un lío irresoluble.
