La última vez que Alfredo Pérez Rubalcaba estuvo en la Comisión de Interior del Congreso fue hace casi un año. Actualmente tiene pendientes más de cien preguntas orales sin contestar y cincuenta peticiones de comparecencia. En todo lo que va de Legislatura no se ha dignado a responder una sola de las preguntas que los diferentes Grupos Parlamentarios han registrado en la Comisión. Ni el chivatazo a ETA, ni la reciente detención de cuatro guardias civiles en Gibraltar, ni la entrada ilegal de Aminatu Haidar en España, ni que el Tribunal Superior de Madrid declare nulo el Catálogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, entre otros muchos escándalos, merecen para el ministro su comparecencia en la Comisión para aclarar, más allá de los dos minutos de una pregunta en Pleno, estas cuestiones. Para alguien con su dilatada experiencia parlamentaria, que ha sido portavoz del Grupo mayoritario antes que ministro y que tiene fama de dialéctico hábil e implacable, resulta incomprensible esta huida del Parlamento. Para una democracia parlamentaria resulta, además, inaceptable.
Sus escasas apariciones en el Congreso tampoco aportan nada. Sus intervenciones han perdido la chispa y el ingenio no exento de maldad con los que embestía a sus interpelantes en el pasado. Ahora está tenso, repetitivo y faltón. Se descompone con excesiva frecuencia. Jamás contesta a lo que se le pregunta y se ha instalado en un discurso burdo de descalificación permanente de la oposición. Si le preguntas por el último incidente en Gibraltar se te va por los cerros de Irak. Si le preguntas por el caso Faisán te responde con Gürtel. Le hemos pillado además en varias mentiras absurdas, como la supuesta condecoración al instructor del caso de la droga en Sevilla. Cada vez con mayor frecuencia baja al insulto personal. Cualquier crítica a su gestión es una infamia, pedirle responsabilidades políticas es atacar al Estado de Derecho y su único argumento es la criminalización del Partido Popular.
Su obsesión es crear un conflicto entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el PP. No tiene el más mínimo escrúpulo en utilizar el poder para acabar con sus adversarios, pero si se le acusa de instrumentalizar la policía al servicio de sus intereses no duda en esconderse tras los uniformes como parapeto para eludir sus propias responsabilidad. Su problema es que ese discurso no tiene ninguna credibilidad. Cada vez hay más policías y guardias civiles que se sienten engañados y defraudados por Rubalcaba. Agradecerían que el ministro se rasgara menos las vestiduras en la tribuna del Parlamento y diera más la cara para conseguir mejoras reales para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o para defenderlos cuando hay un problema real, como cuando son detenidos por la policía gibraltareña por perseguir a unos supuestos narcotraficantes. Por otro lado, pocas veces ha existido más dialogo y entendimiento del PP con los representantes de los policías y guardias civiles que en el momento actual.
El caso Faisán pone al Ministro del Interior particularmente nervioso. En el bar Faisán se concentran toda la inmundicia de la negociación secreta del Gobierno con ETA que Rubalcaba pilotó a las órdenes de Zapatero. Desde el ignominioso chivatazo a los terroristas hasta la financiación de la banda durante ese periodo, pasando por el oscuro papel desempeñado por el entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía en la protección de los negociadores de ETA. Al margen de que algún día pueda conocerse el autor material del chivatazo, resulta ya incuestionable que el responsable político de esa ignominia fue el propio Rubalcaba. La peor pesadilla del que fue portavoz del Gobierno más corrupto de España es pasar ahora a la historia como el ministro del Interior que no sólo cedió al chantaje de un asesino como De Juana Chaos sino que ordenó y encubrió el único chivatazo que se ha dado a ETA en más de tres décadas de lucha contra el terrorismo.