El último comunicado de ETA no puede haber sorprendido a nadie, excepto a aquellos que aún esperaban otra cosa de este grupo de asesinos. Los terroristas reiteran su voluntad de matar, de hacerlo en cualquier lugar donde puedan y de ensañarse de forma especial con quienes han demostrado ser sus peores enemigos: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay también un aviso a esa gran mayoría de periodistas que cada día se atreven a contar la verdad de estos miserables. Nada que ETA no hubiera dicho ya.
Lo importante no son por tanto los comunicados de ETA, sino la respuesta que todos los demócratas y de forma especial el Gobierno da a los terroristas. Lo que no es admisible es que a los asesinatos y a las amenazas de ETA se responda dejando abierta la puerta para una nueva negociación para cuando la banda considere que vuelve a interesarle. La respuesta no puede ser que los terroristas se sigan sirviendo de su presencia en las instituciones democráticas para sostener su acción criminal. Lo que no puede ser es que aún sigan siendo legales partidos que no sólo no condenan los asesinatos sino que además justifican la violencia política.
La negociación con ETA ha sido el peor error cometido por Rodríguez Zapatero en la Legislatura que ahora acaba. Ha sido un error moral porque ha reconocido a los asesinos una legitimidad que no tienen, porque ha pisoteado el honor de las victimas y ha humillado a la democracia cediendo al chantaje de los terroristas, como en el caso De Juana. Pero ha sido también un error estratégico que ha dilapidado la mejor oportunidad de la democracia española de haber derrotado definitivamente a ETA después de casi cuatro décadas de acción criminal. El problema es que mientras el Gobierno no quiera reconocer este error será imposible que pueda haber una rectificación de esta política.
Peor aún es que el Gobierno no sólo no reconoce el error, sino que se permite alardear de él. Zapatero considera cada nuevo atentado de la banda como una prueba evidente de que él no ha cedido en nada ante los terroristas. Pero la realidad es que durante esos negros meses se cedió, y mucho, ante los asesinos. El presidente del Gobierno declaró solemnemente, aunque no se atrevió a hacerlo ante los representantes de la soberanía popular, el derecho de los vascos a decidir su futuro, lo que implícitamente supone reconocerles el derecho a la autodeterminación. El Gobierno consideró a una organización terrorista, Batasuna, como un interlocutor político necesario y negoció no sólo en secreto sino que le dio reconocimiento público. El ministro del Interior cedió al chantaje de un asesino sanguinario como De Juana Chaos en el peor insulto que han recibido sus víctimas. Se pervirtió el lenguaje hasta el extremo de denominar “accidentes” a los atentados y de considerar a los terroristas como “hombres de paz”. Es precisamente la debilidad del Gobierno lo que ha envalentonado a los terroristas.
Pero además de una atrocidad moral, la negociación ha sido un clamoroso error estratégico que ha retrasado el final de ETA. Rubalcaba presume ahora de que la tregua ha debilitado a la banda. La realidad es que ETA ha reafirmado su determinación de matar, como muestra su último comunicado, y lo que es peor, ha fortalecido su capacidad de hacerlo durante ese periodo. La negociación política ha justificado, a ojos de los terroristas, sus tres décadas de actividad criminal y les ha reafirmado en su convicción de que aumentando su capacidad letal podrán terminar doblegando al Gobierno en una próxima mesa de negociación.
La tregua ha servido además a la banda para intentar recomponer sus maltrechas infraestructuras. Para ello ETA se ha servido no sólo de su periodo de inactividad, sino también de la menor presión judicial y policial que propició el Gobierno de Zapatero con su política de apaciguamiento. Aunque el ministerio del Interior haga ahora filigranas estadísticas, la verdad es que las cifras de detenciones de terroristas descendieron de forma radical durante la tregua y el Fiscal General del Estado llegó a reconocer públicamente que la aplicación de la Ley debería acomodarse a las nuevas circunstancias. El resultado fue una actuación de la fiscalía que en muchos casos favorecía más a los terroristas, como en el caso de Otegui, que al Estado de Derecho.
En estas circunstancias, los ciudadanos tendrán que elegir el próximo mes de marzo que respuesta quieren dar a ETA. La derrota de los terroristas sin condiciones a través del Estado de Derecho que propone Mariano Rajoy o dejar abierta la puerta para el diálogo y la negociación con los terroristas que les propone Rodríguez Zapatero. La expulsión inmediata de los terroristas de las instituciones democráticas a través de la aplicación estricta de la Ley que propone el Partido Popular o consentir la presencia de los cómplices políticos de los asesinos como supuesta vía para su rehabilitación democrática como defienden los socialistas. Ilegalizar definitivamente a los partidos que justifican y amparan políticamente el terrorismo o mantenerlos como posibles interlocutores para una futura negociación. Personalmente, albergo pocas dudas sobre cuál será la preferencia mayoritaria de los ciudadanos.
