La detención sin orden judicial de dirigentes políticos del Partido Popular es un paso más en una estrategia de criminalización de la oposición más propia de regímenes autoritarios como el de Hugo Chávez en Venezuela que de un país democrático como España. El acoso a la oposición es el antídoto diseñado por Rubalcaba para intentar neutralizar los devastadores efectos electorales que la nefasta política económica de Zapatero está generando al Gobierno del PSOE. Para tratar de perpetuarse en el poder, el Ministro del Interior no duda en utilizar a la policía como un instrumento al servicio de sus intereses partidistas, con la complicidad de unos pocos mandos colocados a dedo que luego son compensados por el propio ministro con condecoraciones pensionadas, ascensos fulgurantes y los destinos más gratificantes y mejor retribuidos. Pero el problema, en España, no es en absoluto una policía que ha dado abundantes muestras de profesionalidad y eficacia, sino un Gobierno que instrumentaliza todas las instituciones del Estado al servicio de sus intereses de partido.
En esta ocasión parece que al ministro y a alguno de sus comisarios políticos se les ha ido la mano. Las evidencias policiales habían sido tan débiles que el juez del caso no veía indicios suficientes para autorizar detenciones. Sin embargo, el ministro, acuciado por la necesidad política de amparar a su jefe ante el próximo trance parlamentario, ha tirado por la calle de en medio ordenando los arrestos sin autorización judicial, con la esperanza de que el material incautado en los registros posteriores y las declaraciones obtenidas en comisaría por los arrestados pudiera encontrar las pruebas necesarias para justificarlas. Al margen de las consideraciones jurídicas, que motivaron incluso una nota crítica del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la maniobra pone en evidencia la verdadera intencionalidad política de la operación.
El silencio del ministro del Interior tras esta operación es además una buena prueba del error cometido. El siempre locuaz Rubalcaba se limitó a emitir un lacónico comunicado defendiendo la legalidad de las detenciones. No es que el ministro tenga mala conciencia, que no creo que la tenga, simplemente trata de no mancharse con el trabajo sucio. Prefiere, en una actitud cobarde, tirar la piedra y esconder la mano. Es más que probable que la petición de comparecencia formulada por el Grupo Popular en el Congreso se acumule a la larga lista de más se sesenta que tiene pendientes en la comisión de Interior de la Cámara Baja desde el inicio de esta legislatura.
La corrupción es sin duda un problema político en España que, según los datos de la Fiscalía, afecta en mayor medida al PSOE que al PP. Sin embargo, operaciones como la ejecutada estos días en Alicante intentan trasmitir la falsa impresión a la opinión pública de que es el PP la principal fuente de la corrupción en nuestro país. Los sucesivos fracasos cosechados hasta ahora por el Gobierno en esa estrategia no desalientan a un Rubalcaba que considera la criminalización del principal partido de la oposición como la única tabla de salvación tras el naufragio económico del Gobierno de Zapatero. Hasta las próximas elecciones todas las instituciones gobernadas por el Partido Popular serán escrutadas por la lupa de Rubalcaba, mientras los escándalos más números y graves que acumula el PSOE serán silenciados y tapados por todos los medios posibles desde el Ministerio del Interior.
Habrá que estar preparados por tanto para nuevas detenciones preventivas de políticos del PP, operaciones propagandísticas con cientos de policías movilizados cuyas imágenes serán televisadas a todo el país, filtraciones interesadas de diligencias policiales y sumarios judiciales a medios amigos para que aireen impunemente conversaciones privadas de los adversarios con el único fin de dañar la honorabilidad de esas personas y, sobre todo, la credibilidad del Partido al que representan. La práctica totalidad de esas operaciones quedarán con el paso del tiempo judicialmente en nada, pero el efecto político de las mismas habrá surtido ya efecto.
Mantener al frente del Ministerio del Interior a un político como Rubalcaba, protagonista de algunas de las páginas más oscuras de nuestra historia reciente, se ha convertido en un riesgo para nuestra democracia y para los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente de aquellos que militen en el Partido Popular. Este Gobierno nos está conduciendo no solo a la ruina económica, sino a una regresión democrática como no habíamos conocido desde la Transición.