El malestar provocado por el actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil no tiene precedentes. Hace falta remontarse treinta años para encontrar algo semejante a la multitudinaria manifestación unificada que protagonizaron policías y guardias civiles en Madrid hace un par de semanas. En el CNP también de forma inédita sus sindicatos mantienen dos conflictos colectivos solapados con una unanimidad también desconocida. El cruce de expedientes disciplinarios a miembros de sindicatos y asociaciones y las denuncias en los juzgados de altos mandos policiales se suceden en una peligrosa espiral. El ambiente en la Guardia Civil se tensa cada vez más y amenaza con quebrar internamente la institución. El ministro ha sido declarado por el principal sindicato policial como el peor de nuestra democracia, lo que conociendo los antecedentes históricos de algunos ministros socialistas anteriores, parecía algo realmente difícil de conseguir.
En esta situación de máxima tensión, se equivoca radicalmente Rubalcaba cuando afirma que el único motivo de descontento de policías y guardias civiles es que quieren ganar más dinero. Se confunde aún más el ministro si piensa que puede solucionar este conflicto por la vía disciplinaria. Y erra definitivamente cuando transmite a la sociedad que los miembros de nuestras fuerzas de seguridad son unos insolidarios, unos privilegiados insensibles a la difícil situación económica que atraviesa el país. Nada más falso.
El ministro del Interior ha logrado transformar un conflicto declarado inicialmente por los sindicatos como una justa reivindicación salarial en un conflicto que tiene que ver con la defensa de su propia dignidad como servidores públicos. La falta absoluta de voluntad de diálogo, la prepotencia llevada a su máxima expresión, los atentados a la libertad sindical y a los derechos profesionales, las descalificaciones públicas, los expedientes disciplinarios, las amenazas y las coacciones, han logrado una casi total unanimidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus demandas de respeto, justicia y dignidad.
No estamos ante un mero conflicto sindical. Cualquier ciudadano español debería preguntarse por qué extraña razón policías nacionales y guardias civiles son las policías mejor valoradas, probablemente más eficaces y al mismo tiempo peor pagadas de España. Cualquier ciudadano debería sentir cierta indignación porque esas diferencias salariales lejos de reducirse se hayan cuanto menos duplicado en los últimos cuatro años. No es sólo una legítima pretensión salarial, es también un problema de reconocimiento político y social a su labor. Ya no bastan los agradecimientos huecos de Rubalcaba y menos aún su utilización permanente de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para apuntarse méritos políticos. Ha llegado el momento de que este Gobierno se moje realmente por sus policías y sus guardias civiles.
Es también una cuestión de Estado. La seguridad sigue siendo una responsabilidad constitucional del Estado en toda España y el Gobierno mantiene la seguridad ciudadana como competencia exclusiva en la mayor parte de nuestro territorio. Pero si los funcionarios del Estado son precisamente los peor tratados y pagados, este sistema de seguridad pública no será sostenible. Y un fraccionamiento de nuestro sistema de seguridad sería el peor escenario posible para hacer frente a los nuevos retos que nos plantea el futuro.
El grave conflicto provocado por los continuos engaños e incumplimientos del Gobierno Zapatero a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puede terminar repercutiendo en nuestra propia seguridad. En un momento en el que la delincuencia aumenta peligrosamente en nuestro país necesitamos más que nunca una Policía Nacional y una Guardia Civil motivadas, incentivadas y reconocidas socialmente.
Ignacio Cosidó
Cuestión de dignidad
El grave conflicto provocado por los continuos engaños e incumplimientos del Gobierno Zapatero a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puede terminar repercutiendo en nuestra propia seguridad.
En España
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