La dura crisis económica que atraviesa nuestro país está teniendo como efecto colateral inevitable un aumento de la inseguridad ciudadana. Es posible que el crecimiento de la delincuencia tenga un efecto retardado, porque la criminalidad va más asociada a situaciones de marginalidad social que al deterioro de las cifras macroeconómicas en sí. Pero la tendencia al alta en los delitos empieza a ser visible. Sin embargo, lo más inquietante es que la crisis económica está imponiendo un drástico recorte de los recursos públicos dedicados a la seguridad. Es la combinación de estos dos factores, aumento de la presión delincuencial y drástica reducción de los medios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo que puede terminar generando una verdadera crisis de seguridad ciudadana que se solaparía a la ya dura crisis económica que ya padecemos con casi cinco millones de parados.
El ministro del Interior presentaba hace pocas fechas en el Congreso de los Diputados un triunfalista balance de seguridad ciudadana en el que la delincuencia no sólo no crecía, sino que bajaba más de un 4%. Sin embargo, las cifras aportada por el ministro del Interior no son creíbles. Primero porque excluyen los delitos conocidos en Cataluña, País Vasco y buena parte de Navarra, por lo que aportan una visión incompleta y distorsionada de la realidad. Segundo, porque hemos demostrado que en muchas ocasiones varios delitos distintos se gravan como un solo hecho estadístico. Tercer porque la opacidad que se ha impuesto en la estadística delincuencial hace sospechar que esos datos son además cocinados posteriormente en el Ministerio.
La realidad es que los asuntos penales ingresados en 2009 aumentaron en 120 mil casos, según la estadística del poder judicial. Por su parte, los delitos y faltas conocidos por la Ertzaintza crecieron también un 5,5%. No conocemos aún los datos de Mossos de Esquadra ni de la Fiscalía General del Estado, pero es seguro que el número de delitos conocidos en Cataluña, donde hay una creciente alarma social por el aumento de la inseguridad, se habrá incrementado notablemente y que la evolución de las diligencias de los fiscales tendrá un año más una tenencia al alza.
Por otra parte, la presencia de grupos de crimen organizado trasnacional en España se ha multiplicado en los últimos años. Nuestro país es, de hecho, la principal plataforma de entrada de droga para todo el continente europeo y el mayor receptor de inmigración ilegal de la Unión. España se encuentra también a la cabeza de los países más afectados por el fraude y la falsificación de moneda y de documentos. El número de delincuentes encuadrados en organizaciones de crimen organizado se ha duplicado en los últimos años. Estas organizaciones criminales se hacen cada vez más multinacionales, más poderosas y al mismo tiempo más invisibles.
Paralelamente a este aumento de la delincuencia en España, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, al margen de las manipulaciones a los que nos tiene acostumbrados Rubalcaba, el efecto más preocupante de la crisis económica, desde el punto de vista de la seguridad, es el drástico recorte de los recursos públicos dedicados a garantizar esta función esencial y primaria del Estado. Así, la oferta de empleo público para este año se recorta hasta la ridícula cantidad de 450 plazas para el conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Hace sólo dos años superaba éstas eran 11.000 para nuevos policías y guardias civiles. Esa oferta es la mitad que la convocada para un Cuerpo diez veces menor como los Mossos de Esquadra y casi la misma que la de uno veinte veces menor como la Ertzaintza. Sólo la policía municipal de Madrid convocará más plazas que Guardia Civil o Policía. Esta oferta de empleo causará un déficit de entre tres mil y cuatro mil policías nacionales el próximo año.
La inversión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha reducido por su parte en un 65% en estos dos últimos años, pasando de 437 millones para adquisiciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en 2008 a tan solo 152 en el presente año. El Ministerio del Interior ha sido de hecho el departamento que más ha visto reducir sus inversiones como consecuencia de la crisis económica a la que nos ha llevado la nefasta política económica de Zapatero.
Ambas tendencias, aumento de delincuencia y disminución de policías, amenazan con agudizarse aún más en los próximos años. La escasez de recursos en las comisarías y acuertelamientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está llegando a extremos inquietantes como la canibalización de vehículos para poder mantener algunos operativos, la falta de crédito para poder pagar los excesos horarios en el servicio o falta de folios para imprimir las denuncias. El aumento de la inseguridad ciudadana será otro de los legados a los que deberemos hacer frente tras el desastre de Zapatero.