La seguridad ciudadana se deteriora casi al mismo ritmo al que se derrumba nuestra economía. En una sola legislatura de Zapatero el número de delitos y faltas ha aumentado más que en los ocho años anteriores de gobierno del Partido Popular. Ahora el ritmo de crecimiento de la criminalidad se ha acelerado aún en mayor medida, hasta alcanzar tasas históricas próximas al diez por ciento. Si el Gobierno no cambia radicalmente su política y adopta medidas urgentes, España puede sufrir una grave crisis de seguridad que se sumará a la que ya padecemos en el terreno económico.
La reacción del ministro del Interior ante el aumento de la inseguridad no puede resultar más contraproducente. Por un lado, Rubalcaba ha decretado un apagón informativo para evitar ofrecer cualquier dato que ponga en evidencia el incremento de la criminalidad. Las últimas cifras oficiales sobre delincuencia que existen se refieren a 2006. ¿Imaginan ustedes que estuviéramos debatiendo sobre la crisis económica con datos de hace dos años? Nada puede generar mayor alarma social y mayor desconfianza en la sociedad que este secretismo y opacidad del gobierno. Y nada resulta más contraproducente para hacer frente a una crisis que negar su existencia, como ya se ha demostrado en economía.
En segundo lugar, el Gobierno está reduciendo drásticamente los recursos dedicados a garantizar la seguridad de todos los españoles precisamente en el momento en que más aumenta la delincuencia. Es incomprensible que en esta situación sea precisamente el Ministerio del Interior el departamento al que más se ha recortado sus inversiones, casi un 30%, en los presupuestos para el 2009. Tampoco tiene mucho sentido que con un déficit de 16 mil policías nacionales y guardias civiles respecto a las plantillas teóricas se reduzca la oferta de empelo público para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a prácticamente la mitad para el próximo año. En las comisarías de Policía y en los puestos de la Guardia Civil empiezan a escasear cosas tan básicas para su funcionamiento como papel para las diligencias, aceite para los coches o dinero para las dietas. Esta situación se va a deteriorar aún mucho más con los recortes anunciados para el próximo ejercicio.
Para complicar todavía más el panorama, policías y guardias civiles se encuentran en pie de guerra contra el Gobierno por las reiteradas promesas incumplidas de Zapatero para mejorar sus sueldos y condiciones profesionales. Un conflicto que se ha radicalizado por la prepotencia con la que el ministerio del Interior está gestionando la situación. Los sindicatos policiales han declarado un doble conflicto colectivo que de no arreglarse pronto terminará por repercutir negativamente en la actividad de la policía. En un momento en el que aumenta rápidamente la delincuencia lo primero que necesitamos es una policía motivada, incentivada y reconocida para hacer frente a la difícil situación a la que nos enfrentamos.
Reconociendo con transparencia que tenemos un problema. Potenciando las capacidades y la motivación de nuestras Fuerzas de Seguridad. Promoviendo reformas legislativas necesarias para prevenir los delitos que generan mayor inseguridad. Asegurando que los criminales cumplirán las penas que les son impuestas por los tribunales. Justo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Zapatero.