La ilegalización esta semana de ANV y del PCTV por el Tribunal Supremo constituye un paso trascendente en el camino de la derrota de ETA. Siempre he defendido que era imposible acabar con el terrorismo mientras permitiéramos que los asesinos se financiaran con nuestros impuestos, utilizaran las instituciones democráticas para sus fines criminales o se hicieran los dueños de la calle para amedrentar al resto de los ciudadanos. El único reparo que cabe señalar a esta imprescindible ilegalización es que el Estado de Derecho haya tardado tanto en actuar contra estos dos partidos como consecuencia de la negociación con los terroristas desarrollada por Rodríguez Zapatero en la anterior Legislatura. Pero no es este el momento de los lamentos y los reproches como el de plantear cómo podemos seguir avanzando hasta lograr la derrota definitiva del terrorismo.
La realidad es que la ilegalización de estos dos partidos, siendo esencial, no será suficiente mientras los representantes políticos de los terroristas continúen ocupando sus escaños para justificar las acciones criminales de ETA, permanezcan dentro de las instituciones trabajando al servicio de los objetivos terroristas y sigan recibiendo dinero público por todo ello. Es verdad que hubiera sido mucho más sencillo haber impedido la presencia de los terroristas en las instituciones democráticas imposibilitando su concurrencia a las elecciones autonómicas y municipales, como exigimos de forma reiterada desde el Partido Popular, pero el grave error cometido entonces por el Gobierno, empeñado en aquel momento en rehabilitar políticamente a los asesinos, no le exime, sino todo lo contrario, de la responsabilidad ineludible de expulsar ahora a los terroristas de las instituciones a las que jamás debieron haber vuelto. Esta es la prueba de fuego que el Gobierno debe superar para mostrar su verdadera voluntad de rectificación y poder recuperar así la credibilidad de su política antiterrorista.
Para logar ese objetivo el primer paso es desalojar del poder a los terroristas en todos aquellos municipios en los que gobiernan los representantes de los partidos ahora ilegalizados. Los socialistas vascos saben que cuentan con el pleno respaldo del Partido Popular para lograrlo, pero es imprescindible además que el PSOE deje claro a los partidos nacionalistas la imposibilidad de alcanzar cualquier acuerdo político mientras se nieguen a censurar a quienes justifican el asesinato de sus propios compañeros. Es una cuestión moral previa a cualquier otra consideración política: no es moralmente aceptable pactar con quienes amparan a los representantes políticos de los terroristas. Hay que situar al PNV en la necesidad de elegir si está con los partidos democráticos en su batalla contra el terror o si prefiere amparar a quienes justifican la violencia para alcanzar sus objetivos políticos. Lo que no tiene sentido es que los socialistas vascos estén apoyando a un gobierno tripartito en Vitoria que convoca referendos ilegales, denuncia a nuestro Estado ante los tribunales europeos y apoya la continuidad de los representantes de los terroristas en los ayuntamientos.
En segundo lugar, hay instrumentos en nuestro Estado de Derecho para actuar allí donde numéricamente no sea posible hacerlo. Lo que en ningún caso es admisible es que los terroristas se sigan burlando de las resoluciones judiciales para obviar su ilegalización con burdos cambios de denominación o utilizando artificios reglamentarios para seguir recibiendo subvenciones y prebendas. Hay que tener por tanto la valentía de utilizar todos los recursos que nos ofrece la Ley para evitar que los terroristas sigan cómodamente instalados en sus poltronas al mismo tiempo que siguen asesinando inocentes.
En tercer término, es preciso actuar desde este momento con la máxima determinación para que ETA no pueda volver a concurrir con ninguna otra marca blanca a las próximas elecciones autonómicas. Sería un inmenso error volver a someter a nuestro Estado de Derecho a la conveniencia electoral de ningún partido. La derrota de los terroristas debe ser un objetivo por encima de cualquier ambición de poder y para ello es esencial que ETA salga definitivamente del Parlamento Vasco.
La Justicia ha hecho su trabajo ilegalizando a quienes utilizan la violencia para alcanzar sus objetivos políticos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están demostrando cada día su determinación y su eficacia para detener a los terroristas e impedir que culminen sus objetivos criminales, pagando en muchas ocasiones con su propia vida por ello. Ahora es el momento de que el Gobierno actúe con la misma firmeza y determinación. Si de verdad queremos la derrota de ETA es imprescindible que los terroristas salgan de una vez de todas las instituciones democráticas del País Vasco y Navarra.