Resulta lamentable que quien hasta hace unos días mandaba a los policías como ministro del Interior se ponga hoy como candidato electoral del lado de quienes los agreden. Es inaceptable el absoluto desamparo en el que se encuentran los policías por parte de sus mandos políticos ante las amenazas que reciben a través de Internet o los insultos y provocaciones en la calle. Desde la sede del PSOE en la calle Ferraz se jalea la campaña contra la Policía dando instrucciones, a través de Twitter para que el ministerio del Interior inicie expedientes disciplinarios a los policías. El ministro del Interior, ausente de toda la crisis, no solo no comparece en el Parlamento, sino que ha permanecido escondido de los medios de comunicación durante varios días. En mi opinión, y la trayectoria de los hechos lo avalan, hay una consigna en el Gobierno de permisividad total respecto al movimiento 15-M, incluso cuando se realicen actos manifiestamente ilegales o que comprometen los derechos o la seguridad de otros ciudadanos.
El Cuerpo Nacional de Policía cuenta con unas unidades de intervención que se encuentran entre las más preparadas, profesionales y eficaces del mundo. La actuación de estas unidades, y del conjunto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en las concentraciones que se vienen sucediendo desde mayo pasado en muchas ciudades españolas ha sido encomiable y ha quedado puesto de manifiesto –lo hemos visto todos a través de los medios de comunicación– en los insultos, provocaciones y demás actuaciones por parte de algunos manifestantes que la Policía ha aguantado estoicamente. A pesar de las limitaciones impuestas por sus mandos políticos, con su presencia constante y sus intervenciones puntuales han evitado situaciones que habrían podido degenerar en disturbios mayores. Es justo reconocer y agradecer ese esfuerzo.
Quede claro que estoy a favor de que cualquier actuación incorrecta de cualquier policía se depure disciplinariamente. Pero me parece injusto que sea, una vez más, un policía de a pie quién termine pagando por los errores de los responsables políticos. Había informes de la propia Policía que desaconsejaban el itinerario de la marcha contra la presencia del Papa en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y que anticipaban el riesgo de enfrentamientos con los peregrinos. No vale ser muy estricto con el policía que se excede en una situación de tensión y no asumir al mismo tiempo ninguna responsabilidad política por quién desde su despacho cede a la presión de autorizar un itinerario que entrañaba un riesgo de incidentes evidente. A mi juicio, la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid resulta ineludible y previa a cualquier sanción disciplinaria que quiera imponerse a un policía por esos incidentes.
Tampoco es de recibo el silencio de un ministro del Interior que se niega a respaldar la actuación de los miles y miles de policías que, al margen de un error puntual, han realizado un enorme esfuerzo en los últimos meses para garantizar la convivencia y los derechos de todos con una enorme eficacia y profesionalidad. La primera obligación de un ministro del Interior es precisamente apoyar y amparar a los hombres y mujeres que tiene bajo su mando. Su silencio ha durado demasiado.
El principio de mínima intervención, proporcionalidad y prudencia son básicos en cualquier actividad policial. Pero confundir esos principios con la impunidad absoluta para cometer ilegalidades es un grave error que erosiona la convivencia y nuestro Estado de Derecho