Si la denuncia que hacía Jaime Mayor Oreja la pasada semana de que el Gobierno mantiene una negociación con ETA ha provocado que el Consejo de Ministros haya impulsado una reforma legislativa para hacer más difícil la presencia de los terroristas y sus cómplices políticos en las próximas elecciones municipales, habría que concluir que las palabras del ex ministro del Interior no podían haber sido más oportunas y útiles. Nada ha hecho tanto daño a ETA en toda la historia de la lucha antiterrorista que su expulsión de las instituciones democráticas y nada resulta por tanto más prioritario en este momento en la política contra el terrorismo que evitar la presencia de cualquier marca blanca etarra en las urnas.
No obstante, cercenar la presencia de terroristas en las elecciones no depende sólo de los instrumentos legales de que se dispongan, sino sobre todo de la voluntad política de utilizarlos para lograr ese objetivo. Con la Ley de Partidos vigente, en las elecciones municipales de 2003 Batasuna no estuvo presente gracias a la determinación política demostrada por el Gobierno de Aznar y el excelente trabajo de la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con esa misma Ley, otra marca blanca de ETA, ANV, logró colar casi la mitad de sus candidaturas en 2007, en pleno proceso de negociación entre el Gobierno y la banda terrorista. Ni siquiera una vez roto ese proceso Zapatero tuvo la voluntad de disolver los ayuntamientos gobernados por los cómplices de ETA aplicando la Ley de Bases de Régimen Local. El Gobierno aprueba ahora una reforma que aplaudimos, pero la prueba final es si Zapatero aplicará todos los instrumentos de los que le dota el Estado de Derecho para evitar que ETA esté presente en las próximas elecciones.
Hace escasos días el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, un hombre de la máxima confianza del actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendía de hecho que no era precisa ninguna modificación legal para evitar la presencia de los terroristas en las elecciones. Cuesta creer que la decisión de llevar al Consejo de Ministros esta reforma no tenga nada que ver con la polémica generada por las declaraciones de Jaime Mayor Oreja.
En todo caso, las conversaciones entre los socialistas y ETA han sido casi una constante histórica. Cuando Mayor Oreja ocupó la cartera de Interior en el primer Gobierno de Aznar, existía una auténtica orgía negociadora a múltiples bandas entre el Gobierno y los terroristas. Incluso cuando Zapatero firmaba el Pacto Antiterrorista con el PP, el presidente del PSE, Jesús Eriguren, mantenía discretamente contactos que cristalizaron en el proceso de negociación iniciado por Zapatero en 2005 traicionando el propio pacto que él había impulsado. El mismo presidente del Gobierno ha reconocido públicamente que mantuvo abierta la negociación incluso después del atentado de la T-4 en contra de lo que afirmó inicialmente. Con estos antecedentes, lo más sensato es fiarse más de los hechos que de las palabras del Gobierno, por mucho que sus ministros eleven la voz para descalificar a aquellos que dudan de que el Gobierno no vuelva a sucumbir a la tentación de una negociación de la que por otra parte jamás se han arrepentido ni renegado.
El mejor desmentido que puede dar el Gobierno a quienes sospechan que hay una negociación en curso es impedir que cualquier persona relacionada con ETA pueda figurar en mayo de 2011 en una candidatura municipal o foral en el País Vasco o Navarra. Es importante dejar claro que para poder concurrir a esas elecciones no basta con una condena del terrorismo por imperativo legal, del mismo modo que los representantes de Batasuna en el Congreso de los Diputados hacían en el pasado prometiendo la Constitución española, sino que es imprescindible una demostración fehaciente de que han roto todas las amarras con la organización terrorista de la que hasta ahora dependen. Esa desvinculación plena exige a su vez una verificación por parte del Gobierno mucho más exhaustiva y fiable que la que hizo Rubalcaba para certificar el falso alto el fuego durante el proceso negociador anterior. Para lograr ese objetivo de expulsar a los terroristas de las instituciones democráticas el Gobierno contará no sólo con el máximo apoyo del PP, sino también con nuestra más firme exigencia.