Carta abierta a Zapatero, a propósito de las lenguas propias (y 2)

Durante años, los nacionalistas han negado la inmersión y siguen negando las sanciones lingüísticas. Y cuando ya no pueden seguir haciéndolo se apresuran a llevar adelante una "Ley Catalana de Educación" que blinde la inmersión y legisle la exclusión. Le daré razones de lo que afirmo y a continuación le mostraré sentencias firmes que se olvida de cumplir y hacer cumplir.

 

Hablemos del derecho a estudiar en la lengua materna. Allá por los años sesenta del pasado siglo el catalanismo político encontró en la defensa de la lengua materna el fundamento moral y la justificación pedagógica para exigir al régimen franquista la enseñanza en catalán. "Es indiscutible que el mejor medio para enseñar a un niño, es su lengua materna", repetían por entonces, amparados por un dictamen de la Unesco de 1953. Un informe de Unicef de 1999 coincidía con la Unesco:

En su publicación de 2003 La educación en un mundo plurilingüe, la Unesco reitera los puntos del informe de 1953.

 

Precisamente por esto no pudieron obviar en la ley de política lingüística de 1983, ni en la de 1998, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos en la primera enseñaza. El art. 21.2 de la ley 1/1998 así lo explicita:

Por supuesto, nunca lo han cumplido.

 

No son, sin embargo, las razones pedagógicas ni las legales las que me llevan a recordarle la reivindicación del derecho a estudiar en lengua materna, sino hacerle ver la instrumentalización sentimental que el catalanismo hizo en los años 60 y 70 con toda la sociedad catalana para exigir al franquismo enseñanza en lengua materna catalana. Todos apoyamos la causa; nadie con un mínimo de humanidad podía permanecer indiferente ante tan justa exigencia. Pero pronto comprobaríamos, quienes más nos destacamos en defenderlo, las verdaderas intenciones de aquel victimismo.

 

Con la llegada del nacionalismo al poder en 1980 y el empeño de Jordi Pujol en construir una nación, los padres castellanohablantes comprobamos que nuestros hijos no tenían lengua materna. Con la ley de 1983 se impuso la inmersión sólo en catalán y la lengua pasó a ser de la tierra, no de la madre. Quince mil maestros se fueron empujados por la imposición lingüística. La doble vara de medir del catalanismo, Sr. Zapatero, acababa de iniciar el programa de exclusión de la lengua común de todos los españoles. ¡Ay!, esa lengua común que tan poco aprecio le merece, y sin la cual usted no saldría ni a la vuelta de la esquina. El lenguaje, a partir de ahora, sería el arma virtual para ocultar la exclusión. Nada se puede entender desde entonces si se toman las proclamas catalanistas a favor de la normalización lingüística, la pluralidad cultural y la cohesión social como reclamaciones sinceras. Sólo han sido señuelos para imponer un monomodelo de la cultura y de la lengua sin que se note el cuidado. "Bilingüismo" posiblemente haya sido la palabra mágica a la que más rendimiento le han sacado para introducir el catalán allí donde era minoritario e imponerlo como único cuando era de domino común. Pero una vez que el catalán ocupa en exclusiva todas las instituciones y todos los medios públicos de comunicación, el bilingüismo ha pasado a ser considerado un agente de las fuerzas de ocupación.

 

Al modo y manera que convirtieron el derecho a estudiar en la lengua materna en derecho a estudiar en la "lengua de la tierra", el bilingüismo fue sustituido la "lengua propia". Ocurría al principio de los años 90. El concepto de lengua propia aparecía en el estatuto de 1979 como referencia antropológica para especificar el estatus histórico que la lengua poseía en Cataluña. En ningún caso tal concepto justificaba rango jurídico alguno sobre la lengua común española, pero con el discurrir del tiempo y las malas artes han convertido tal concepto antropológico en jurídico, y por consiguiente han legitimado una primacía jurídica de la lengua catalana sobre la común. A estas alturas del siglo XXI, la lengua propia se ha convertido en lengua institucional. En una palabra, en la única oficial. Ya ve, no se trata de buscar la verdad, sino de dar con razones para seguir imponiendo lo injustificable.

 

Recuerdo, Sr. Presidente, cuando, quien más quien menos, llevaba una placa en la solapa con la leyenda: "En català, si us plau". Corrían los años 70. Cuando, a mediados de los 90, aparecía el manifiesto "En castellano también, por favor", el adverbio también plasmaba una forma educada de reclamar el bilingüismo y la tolerancia que ya no había. Ya entonces era consciente de que detrás de ese primer eslogan: "En català, si us plau", estaba implícita la exclusión, pues no se pedía tolerancia para el catalán, se pedía que se hablara sólo en catalán, aunque se pidiera por favor. Eran otros tiempos.

 

Con la llegada del Tripartito al poder, la "lengua propia" se convirtió en "lengua de cohesión social". La llegada masiva de inmigrantes les daba la oportunidad de reciclarlos y convertirlos en carnaza de la construcción nacional. Con el segundo Tripartito el concepto se ha formalizado definitivamente en "la lengua común". Ahora el catalán es la lengua común de todos los catalanes. Paradójicamente, las argumentaciones que dan para legitimar ese estatus del catalán en Cataluña están basadas en la necesidad de generalizar una lengua franca que garantice la cohesión social. En realidad, lo que tratan de evitar es que sea el castellano el que cumpla esa función. Curiosamente, siempre han boicoteado la capacidad histórica de cohesión social que la lengua castellana tiene como lengua común de todos los españoles. Su rechazo a esa lengua común española deja en evidencia su indiferencia ante la cohesión social de España.

 

Sr. Presidente:

 

Es desolador comprobar que cada uno de los conceptos de aparente altura moral que utiliza el nacionalismo suele estar al servicio de la simulación. Toda la eficacia del lobo camuflada tras la piel de cordero. Se habla de "integración" para imponer la asimilación, se habla de derechos lingüísticos para despojar a la gente de ellos, se habla de una lengua propia para hacer impropia al resto, se habla de derechos históricos para destruir los democráticos, se habla de bilingüismo para imponer el monolingüismo, se habla de cohesión social para excluir con impunidad. Ahora ya sin tapujos. El último plan de acogida lingüística para la inmigración del Gobierno de la Generalitat está diseñado para inducir al inmigrante a que interiorice que el catalán es el único idioma de Cataluña y se desvincule emocionalmente de la cultura española.

 

Sr. Presidente:

 

Todo esto que le cuento nada tiene que ver con la lengua, sino con la democracia. El que un padre no pueda tener ni un solo colegio donde pueda estudiar su hijo en el idioma común de España no es un problema de ecología de lenguas, sino de democracia. El que una persona pueda ser multada por tener el letrero de su negocio en castellano no es un problema de lenguas, sino de democracia. El que unos gobernantes desobedezcan tres sentencias del TSJC y un auto de medidas cautelares no es un problema de derechos históricos, es un atentado contra la separación de poderes.

 

El problema de la convivencia en Cataluña o en cualquier otra autonomía bilingüe no se debe a "los separadores de siempre", como ha dicho estúpidamente en el Congreso de su partido ese saco de maldades que tiene usted por escudero y que responde al nombre de Pepiño Blanco, sino a la aceptación o no de las reglas democráticas por parte de los nacionalistas y al cumplimiento de la ley, incluidas las sentencias de los tribunales.

 

Como Edipo, Sr. Presidente, de tanto huir del trágico destino del que se quiere librar, no hace más que correr hacia él. Su rechazo del Manifiesto ya le ha llevado hasta Tebas.

 

Es evidente, Sr. Presidente, que el incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalitat de la última sentencia del Supremo (12-XII-2008) sobre el derecho de los padres a disponer de una casilla en las hojas de inscripción para indicar en qué lengua desean que estudien sus hijos quiebra la separación de poderes, base fundamental del Estado Democrático de Derecho. No es la primera vez, ni será la última. El Gobierno de España, presidido por usted, tiene la obligación política de hacer cumplir las sentencias judiciales a todos, incluidos los socios de Gobierno de una comunidad autónoma de cuyos votos depende para gobernar. De lo contrario, usted mismo será cómplice y causa de la mayor de las injusticias: acabar con la universalidad de los deberes que el Derecho impone.

 

De esto parece no sacar pecho, ¿por qué? Quizás no esté al corriente: los nacionalistas son expertos en ocultar la realidad que no les interesa. De hecho, sabedores de la trascendencia que la sentencia tiene, los tres socios del Gobierno d'Entesa (PSC, ERC e ICV), más CiU, la han silenciado. Sólo el secretario de Política Lingüística, Bernat Joan, y su compañero de partido en el Congreso de los Diputados, Joan Rigau, se han dado el gustazo de chulear al Alto Tribunal. El ex militante del entramado de Terra Lliure Bernat Joan declaró el mismo día de su publicación que la sentencia "no tendrá trascendencia ni afectará al modelo de inmersión lingüística"; como mucho, sentenció ufano, "pondremos una casilla más en las hojas de preinscripción de las escuelas".

 

Es la forma que tiene el nacionalismo de enterrar la realidad. Cuando algo no les interesa, lo silencian; cuando algo les conviene, rompen todas las portadas. Tienen capacidad para ello: en Cataluña casi la totalidad de la prensa forma parte de su entramado. Lo debería saber, Sr. Presidente, y no mirar para otra parte.

 

También Joan Rigau ha salido al paso contra la sentencia del TS para repetir con descarado cinismo tres falacias clásicas entre los nacionalistas: todos los alumnos tienen garantizado el estudio del castellano a través de los "tutores lingüísticos"; la inmersión está avalada por una sentencia del TC de 1994 y un informe reciente del Consejo de Europa; y si no era ya suficiente descaro, el republicano va y suelta: "Esta cuestión será objeto de blindaje en la futura Ley de Educación de Cataluña". Y usted sin inmutarse.

 

En la sesión parlamentaria del 12 de noviembre de 2008, con ocasión de la tramitación de la LEC (Ley de Educación de Cataluña), hube de aguantar todo tipo de improperios porque denuncié que la "causa íntima e inconfesable de la tramitación de la LEC" era "blindar la inmersión y legislar la exclusión". Pues bien, dos meses después, como usted bien aprecia, ellos mismos lo dicen. Y es que se sienten dueños y señores de la realidad política de Cataluña, y capaces de condicionar la de su Gobierno. Tal actitud explica por qué incumplen las sentencias, una y otra vez.

 

Por ejemplo, la sentencia y el posterior auto de medidas cautelares sobre la tercera hora de castellano que el TSJC dictó (04-VII-08) para obligar a la Generalitat a impartir esa tercera hora sin mayor dilación siguen sin cumplirse. Le recuerdo que fue su Gobierno quien, en el Decreto de Enseñanzas Mínimas (7-XII-2006), ordenaba se impartiese esa tercera hora. La misma suerte ha corrido la sentencia del TSJC (16-IX-08) que prohíbe a la Generalitat el uso exclusivo del catalán en las actividades de acogida matinal en las escuelas públicas Y la del TS (12-XII-2008) que obliga al Gobierno del Sr. Montilla a garantizar la enseñanza en castellano, al menos hasta la finalización del primer ciclo de Primaria. Caso omiso. ¿Se imagina, Sr. Presidente, que un gobernador de un estado americano no cumpliese una sentencia del Supremo de EEUU? Deje de evocar al Sr. Obama y obre como obraría él.

 

Pero como las sentencias de los tribunales tarde o temprano deben ser cumplidas, han levantado todas las alarmas en la Generalitat. Las protestas de ciudadanos organizados en asociaciones cívicas como Tolerancia, Cervantina, Convivencia Cívica Catalana, Profesores por el Bilingüismo o Foro Babel, mal que bien, las habían podido desactivar a través de la técnica de la estigmatización política, incluso la entrada en el Parlamento de Cataluña de Ciudadanos la estaban vadeando a través de sus propios medios de comunicación, pero las sentencias en cascada de los tribunales contra su política lingüística les dejaban a los pies de los caballos.

 

¿A qué recurrieron para evitar su cumplimiento? A un proyecto de ley de educación catalana, por trámite de urgencia, para eliminar la posibilidad de que los tribunales puedan frenar su ingeniería de exclusión lingüística. De ahí el "Proyecto de Ley de Educación Catalana", de ahí sus prisas, Sr. Presidente. "La LEC, por primera vez, da carta de naturaleza legal a la metodología de la inmersión", reconoce el Director General de Innovación Educativa, Joan Badia en el último número del boletín del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cataluña. Es decir, hasta ahora la inmersión no ha tenido carta de naturaleza legal, y sigue sin tenerla mientras no se apruebe la LEC.

 

Con la próxima aprobación de la LEC, incluso la primera falacia será innecesaria. Le desnudaré sus trampas. El reglamento del Departamento de Enseñanza que crea la figura del "tutor lingüístico" para eludir el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística de 1988, que impide generalizar la inmersión, no es sino el remozo de la trampa de la "atención individualizada" que se sacó de la manga el Gobierno de CiU en 1993, cuando ejercía de Conseller Josep Maria Pujals, para contrarrestar la rebelión de las madres de Salou organizadas en Cadeca, que por entonces lograron hacer visible la imposibilidad de poder estudiar en castellano en Cataluña. ¿En qué consistía? Así lo explicaba El País el 26 de octubre de 1993: "El profesor podrá, llegado el caso, explicar la lección en catalán, pero atender en castellano el trabajo individual del alumno que lo requiera".

 

Es la respuesta que la Generalitat da a las 293 madres que solicitaron enseñanza en castellano para sus hijos a finales de octubre de ese mismo año 93. Antes, el consejero Pujals había cursado una orden a las direcciones de los centros para que los directores hablaran y convencieran a las madres de las virtudes de la inmersión y les dieran, si no hubiera otro remedio, la salida de la "atención individualizada". En ese caso, además, la habrían de solicitar. Se trataba de disuadir a las madres. Las denuncias de coacción fueron generalizadas, la medida de la Consejería trataba de crear dificultades, incomodar a los padres, desanimarlos y convencerlos de que si no aceptaban la inmersión, sus hijos iban a ser ciudadanos de segunda el día de mañana.

 

No fue posible engañarlas: sólo convencieron a 13 de las 293 demandantes. Pero sirvió para que la propaganda del régimen utilizara ese número de solicitudes de "atención individualizada" para demostrar que en Cataluña no había ningún problema y que los padres estaban encantados con la enseñanza sólo en catalán. La verdad era bien distinta.

 

A año siguiente ni siquiera 13 solicitaron "atención individualizada", sino prácticamente la mitad. Ningún padre estaba dispuesto a convertir a sus hijos en el centro de atención de un sistema que los individualizaba y cuyos profesores no tenían escrúpulos en señalar como raros. Estaban dispuestos a luchar, pero no a que ridiculizaran a sus hijos. O algo peor, como denunció ante la policía la madre Esperanza Mera: "Desde que solicitó enseñanza en castellano para sus dos hijas, Aroa de 8 años y Olga de 6, han debido soportar diversas agresiones de compañeros y pintadas en el patio, tales como 'Aroa puta', sin que, pese a las denuncias de estos hechos a profesores y directora, se haya hecho nada al respecto". Las niñas iban al colegio José Montmany de Sant Feliu de Llobregat, que dirigía Dolores Jiménez. Especialmente graves fueron las agresiones que sufrió su hija mayor, "ante la mirada de los profesores que no hacían nada para evitarlo". Esto ya ocurría en 1993, y usted en Babia. Entonces y ahora, que es peor.

 

Acaba de darse una sentencia ejemplar contra el colegio suizo de Madrid por mobbing a un niño durante dos años. Nada que ver con la lengua, como sabe bien. Sin embargo, años de mobbing lingüístico no conmovieron a sus predecesores, ni le conmueven a usted. En estos casos, las víctimas son además culpables de romper la cohesión social. Las cosas del nacionalismo.

 

Evidentemente, un caso como el de Aroa y Olga no puede ser generalizable. Un maestro nunca puede permanecer indiferente ante una agresión física a un alumno, pero las quejas generalizadas que se produjeron en aquel tiempo por insultos y otras impertinencias para dejar a los niños cuyos padres habían solicitado enseñanza en castellano en ridículo retratan una época infame donde el derecho del menor fue relegado al bien superior de la nación en peligro. Por entonces, Sr. Presidente, usted no tenía gran poder, pero sus compañeros de partido en el poder nada hicieron por impedirlo.

 

En 2008-2009, fuentes del Departamento de Enseñanza que dirige el socialista Ernest Maragall dicen, a propósito de la referida sentencia del TS, que sólo 20 padres han solicitado estudiar en castellano, y que sus hijos tienen garantizado un "tutor lingüístico" que les acompañará durante el tiempo necesario para que puedan seguir las clases en catalán. El cinismo es infinito. En una comunidad donde el 53% tiene por lengua materna el castellano nos quieren hacer creer que sólo 20 padres han solicitado enseñanza de castellano para sus hijos. Con la gansada esa del "tutor lingüístico" o de la "enseñanza individualizada", lo raro es que haya tantos.

 

La tercera falacia es la utilización de la mentira sin pudor alguno: la inmersión lingüística está avalada por la sentencia del TC 337/1994. Seguros como están de que tienen medios periodísticos suficientes para impedir contrarrestar sus efectos, lo repiten como un mantra. Desde 1994 lo repiten con descaro, cuando la realidad es exactamente la contraria. Lo que hace tal sentencia es consagrar una figura pedagógica desconocida hasta entonces, llamada "conjunción lingüística". ¿En qué consiste?

 

El modelo de "conjunción lingüística" implica que catalán y castellano han de convivir como lenguas vehiculares y ninguna de ellas puede ser excluida. Con una excepción, en la enseñanza primera, el alumno ha de ser enseñado al calor de la lengua materna y todos los alumnos deben llegar al final del ciclo educativo siendo competentes en las dos lenguas por igual. Este es el sentido último de la constitucionalidad de la "conjunción lingüística" o "bilingüismo integrador", ayudar a alcanzar la integración y la cohesión social.

 

Idéntica falsificación hacen con la interpretación que hace de la inmersión el informe del Consejo de Europa. Repiten la mentira una y otra vez en sus medios. El último ha sido Joan Rigau: el modelo de inmersión lingüística catalán ha sido "aplaudido" por la UE. Así lo larga y así se da por verdadera la mentira. En realidad, lo que dice la Carta Europea de la Lenguas Regionales o Minoritarias, en su apartado 218, del Consejo de Europa del 11 de diciembre de 2008 es que la inmersión es un buen método de enseñanza de lenguas, siempre y cuando sea voluntaria: "La carta no prevé la enseñanza obligatoria para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean". Esta coletilla final que lo cambia todo, la ocultan. Déjà vu. Lo de siempre. El fin último de construir una nación con una lengua única y una sola cultura lo justifica todo, incluso esa burda manipulación. Y no piense, Sr. Presidente, que es fácil de desmontar. La verdad tiene en contra dos fuerzas poderosísimas. La una es mediática: secar su mar mediático a cubos produce impotencia, y la otra es pragmática: la mayoría nacionalista prefiere creerse la mentira que le permite privilegios laborales, sociales y políticos, a la verdad que le iguala a los demás.

 

Que nadie se engañe; usted tampoco, Sr. Rodríguez Zapatero, circunstancialmente presidente de España: este sistemático intento de amedrentar el libre ejercicio de la reivindicación de los derechos de una población marginada es intolerable (tiene un nombre: se llama bullying, acoso moral, o sea maltrato, intimidación entre iguales para hostigarles hasta que acaben aceptando su inferioridad legal. Su actitud y sus argumentos tienen por objeto hacernos sentir culpables, culpables de alentar el enfrentamiento entre comunidades lingüísticas, de romper la paz social; pretenden arrinconarnos psicológicamente con el fin de que acabemos aceptando algún sentido de culpa por un comportamiento indigno, del que si hay algún culpable no es el que reclama un derecho, sino el que lo conculca.

 

Quedo a su disposición para lo que guste ampliar o aclarar. Le aseguro que hay mucho más. Y si considera que hay un solo dato inexacto, erróneo o falso, le reto a señalarlo; si no, habrá de actuar en consecuencia.