Aunque todavía no se aclara el incidente, sabemos que un integrante de los servicios de inteligencia argentinos intervenía las comunicaciones del Ministerio de Defensa y de la diplomacia chilena. Seguramente, los argentinos negarán su participación oficial.
Por deleznables que sean estos hechos, hay que dar por descontado que los países –especialmente los vecinos– se espían, y lo seguirán haciendo. Los servicios de inteligencia suelen reclutar a audaces ineptos y excederse tanto para espiar a vecinos como a sus conciudadanos. Esto último sí que es gravísimo y una práctica extendida en Latinoamérica, incluso en gobiernos democráticos. Por esa razón, recientemente fue destituido el jefe de investigaciones colombiano, y se sabe del uso político de estos servicios en Argentina y Perú. En Chile también ha ocurrido.
Los avances tecnológicos hacen cada vez más imperceptibles los espionajes telefónicos e informáticos. Los particulares tienen derecho a que los gobiernos les garanticen la ya difícil privacidad de sus comunicaciones. Los gobernantes están obligados, además, a proteger los asuntos de Estado de la interferencia extranjera, y asumir que hay materias que no pueden tratarse vía telefónica o por internet. Que las encriptaciones y murallas informáticas protectoras sean infranqueables es una ingenuidad. Hace pocos días se reveló que el ordenador del ministro inglés encargado de la seguridad británica fue intervenido.
Los espionajes extranjeros durante períodos de paz no hay que llevarlos a altos niveles de Gobierno. No recuerdo que en la Guerra Fría algún presidente, canciller o general protestara públicamente por espionajes.
En Chile ocurre todo lo contrario. El canciller se ha referido al espionaje extranjero. Antes, en el bochornoso ingreso al consulado argentino en Punta Arenas se llegó a extremos tales como publicitar las reuniones del presidente con el canciller y los ministros de Defensa y del Interior para tratar la afrenta, y se hizo pública la llamada del presidente Lagos a Kirchner para disculparse y garantizar sanciones. Incluso se dio curso a la renuncia del general a cargo de la Región Austral, que nada tenía que ver con el caso. Con esa debilidad, probablemente Kirchner nos tomó el pulso y al poco tiempo nos cortó el gas. No volvamos a repetir estos errores: lo que corresponde es redoblar esfuerzos para proteger las comunicaciones de asuntos de Estado de la interferencia extranjera y, especialmente, para garantizar a los particulares la ausencia de intromisiones oficiales en la privacidad.