Que Zapatero estaba dispuesto a buscar algún tipo de "salida a la situación de los presos etarras" es algo que ya sabíamos desde los tiempos en que sus representantes todavía prenegociaban el comunicado de "alto el fuego" de la banda terrorista. Así se lo reconoció el propio Zapatero al filósofo Fernando Savater en casa de unos amigos comunes, y así también lo aseveró el diario El País citando "fuentes socialistas" el 22 de mayo de 2005.
Que una de las formas –aunque no fuese la única– de abordar ese repugnante compromiso adquirido con los terroristas era acabar con la llamada doctrina Parot, también se pudo constatar desde el mismo momento en que la Fiscalía dependiente del Gobierno hizo públicamente suya las tesis de los abogados defensores de este sanguinario terrorista al reclamar que los beneficios penitenciarios se aplicaran a la pena acumulada y limitada a los treinta años de reclusión y no sobre cada una de las condenas del reo.
Tal y como señalaba un editorial de nuestro periódico de por aquellas fechas, que los defensores de los etarras reclamaran una forma de aplicar los beneficios penitenciarios que permitiría a quien era autor de 27 asesinatos salir a la calle con dos o tres años más de cárcel, era hasta cierto punto lógico. Lo que no lo era en absoluto –salvo en la lógica de un proceso colaboracionista como el que ya entonces se estaba desarrollando– es que el fiscal se sumara a esa tesis que facilitaba tan injusta como prematura excarcelación. Afortunadamente, y para indignación de los diputados socialistas, nacionalistas y los abogados etarras, el Supremo dictaminó que las redenciones se aplicaran sobre cada pena individual, por lo que el terrorista –salvo indulto del Gobierno o revocación del Constitucional– no podría salir de la cárcel hasta el año 2020.
Este domingo el diario El Mundo ha aportado nueva luz sobre este bochornoso e inolvidable capítulo de la paz sucia de ZP, al transcribir las actas de ETA incautadas en Francia y en las que se puede constatar en su literalidad el repugnante grado de colaboracionismo al que llegaron los representantes del Gobierno con ETA: "No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina... si no hubiera más remedio habría que cambiar las leyes".
El hecho cierto, sin embargo, es que ya por aquellas fechas los etarras y todos los españoles podíamos hacernos buena idea de la "pelea" que estaban llevando a cabo a favor de ETA el Gobierno, la Fiscalía, el PSOE y sus aliados nacionalistas para erradicar la doctrina Parot que tanto dificultaba la reducción de condenas a los terroristas.
Y es que, tal y como denunció editorialmente este periódico, y al margen de las presiones secretas que pudieran estar haciéndose a los magistrados, el Gobierno y sus aliados nacionalistas lincharon verbalmente al por entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, precisamente a raíz de esa encomiable sentencia en el caso de Henri Parot, que tanto iba a dificultar la salida de este y de muchos otros presos de ETA.
Fueron tan lejos en sus presiones que incluso llegaron al extremo de exigir a Hernando explicaciones en sede parlamentaria sobre esta sentencia, en lo que era una inaudita y confesa falta de respeto a la independencia del Poder Judicial para beneficio de uno de los más implacables asesinos de ETA.
Consulten la prensa de aquellos días para ver que los abogados de los etarras o los representantes de Batasuna ya no eran los únicos que ponían a bajar de un burro al máximo representante del órgano de Gobierno de los jueces y de nuestro Tribunal Supremo. Y es que tal y como concluía otro editorial de aquellas fechas, "a falta de actas de reuniones clandestinas, disponemos de hemerotecas".