Mucho se podrá hablar de la agresividad con la que los nacionalistas plantean sus chantajes al Estado español, pero nada es comparable con la simple candidez con que la clase política española y muchos diarios de Madrid abordan y encubren ese chantaje. Buen ejemplo de ello nos lo da este lunes hasta un diario como El Mundo. Es público y notorio que el manirroto y soberanista Gobierno de CiU no se contenta con la financiación extraordinaria que ha obtenido del Gobierno del PP a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Tampoco le vale que Rajoy no parezca dispuesto a instar a la Fiscalia el procesamiento por delito de desobediencia, prevariación o usurpación de atribuciones en el que incurriría el presidente de la Generalidad en el caso de perpetrar su anunciada y comprometida consulta soberanista.
Pues bien. El Mundo, con pretensiones de revelación periodística, nos informa este lunes de que Artur Mas está dispuesto a dar un "giro" a su política soberanista "si el Gobierno de Rajoy acepta dos condiciones: una mejora progresiva del sistema de financiación de Cataluña y la celebración de una consulta que tendría lugar dentro de la legalidad y pactada con Madrid".
Para empezar, ya está bien de emular a los nacionalistas y de calificar de "mejora de financiación de Cataluña" a lo que no es más que la pretensión de la Generalidad de quedarse con una parte aun mayor del dinero del contribuyente catalán. Una cosa es Cataluña y otra muy distinta la Generalidad catalana. La administración autonómica no es la única que gasta e invierte dinero en Cataluña. También lo hacen las administraciones municipal, provincial, central y europea. Y tan inadmisible es que la administración autonómica se haga con el 100% del dinero del contribuyente catalán como que el Ayuntamiento de Barcelona controle en su totalidad el dinero de los contribuyentes barceloneses, o que el Estado central haga uso del 100% de los impuestos pagados por los españoles, o que la UE administre el 100% de los impuestos pagados por los europeos.
En segundo lugar, lo que El Mundo califica de "importante cambio de rumbo" no es más que la pretensión de un Gobierno autonómico que no renuncia al soberanismo, que no se contenta con la impunidad, sino que aspira a que su consulta soberanista tenga amparo legal y reconocimiento político por parte del Estado español. Es también la pretensión de un Gobierno autonómico manirroto que, lejos de renunciar al despilfarro que constituyen sus delirios identitarios y su no menos costoso "proceso de construcción nacional", aspira a que sean sufragados no de manera puntual e indirecta a través del Fondo de Liquidez Autonómica, sino de manera permanente mediante un cambio del modelo de financiación autonómica que haga a España aun más invertebrable.
Por mucho que el Gobierno de Mas "no plantease directamente la independencia" en su consulta –cosa que ya sabíamos–, no por esto dicha consulta dejaría de ser soberanista y encaminada a debilitar la unidad y la soberania de la nación española, base de todo el entramado constitucional. Maquillar todo esto, como lamentablemente hace ahora El Mundo, es un acto de irresponsabilidad casi tan grande como pensar que los nacionalistas pudieran, a cambio de mayores cotas de soberania, respetar a los ciudadanos que quieran escolarizar a sus hijos en castellano.
Ya pasó la hora de las ingenuidades y de intentar contentar a los que no se van a contentar. Negociar con ellos no es algo estéril sino contraproducente. La solución está en cumplir y hacer cumplir la ley y en combatir políticamente los ruinososos postulados identitarios de los nacionalistas, empezando por denunciar lo que la Generalidad roba a los catalanes. Mientras Rajoy no lo haga, será parte decisiva del problema.