Ya hace tiempo que dije que la aspiración nacionalista de que la Generalidad acapare el 100% de los impuestos que pagan los catalanes me parecía "tan injusta e inadmisible como sería la del Ayuntamiento de Barcelona si pretendiese administrar todos los impuestos que pagan los contribuyentes de la Ciudad Condal". Pues bien. Algo parecido, y con datos en la mano, viene a denunciar el último informe de Convivencia Cívica Catalana, según el cual la Administración regional de Cataluña obtiene de Barcelona el 82,3% de sus ingresos, pero destina a esta provincia sólo el 64,9% de sus gastos, dando lugar a un déficit fiscal del 17,4%.
Con la misma errada lógica con la que los nacionalistas utilizan el hecho de que las regiones ricas aportan más al Estado de lo que reciben para decir que "España roba a Cataluña", los contribuyentes de Barcelona podrían denunciar, ciertamente, lo que les roba Cataluña.
Naturalmente, ambas falacias parten de varios errores de partida. El primero, considerar que son los territorios, y no las personas individualmente consideradas, los que pagan impuestos y los que sufren o se benefician de esos déficits o superávits fiscales. Dadas las pretensiones redistributivas y, sobre todo, las consustanciales ineficiencias del sector público, la inmensa mayoría de los ciudadanos de todas las comunidades autónomas pagan a las distintas Administraciones públicas mucho más de lo que reciben de ellas.
Otro error de partida muy vinculado al anterior, y tan extendido como aquel, es el de equiparar un determinado territorio y su correspondiente población con una –y sólo una– de las Administraciones públicas que allí brindan bienes y servicios. El error de equiparar Cataluña con la Generalidad es equivalente al de equiparar a Barcelona con su Ayuntamiento. Y es que en cualquier punto del territorio actúan no una sino varias Administraciones, ya sea local, provincial, autonómica, estatal o incluso europea.
Puestos a utilizar el verbo robar para referirnos a la presión fiscal –cosa con la que siempre simpatizo aunque no siempre en puridad comparta–, podríamos decir que todas las Administraciones públicas roban a los ciudadanos y que todas ellas tienen derecho a una parte del botín.
Lo que nunca dicen los nacionalistas y no denunciamos suficientemente los que no los somos es que las Administraciones regionales en España, tras las canadienses, son las que manejan más parte de lo recaudado de todos los países de la OCDE. Para que nos hagamos una idea, las autonomías españolas ya gestionan en circunstancias normales un 50% más de ingresos fiscales que los länder alemanes.
Por todo lo anterior, creer que las ansias secesionistas desaparecerían destinando a la Generalidad –que no a Cataluña– una parte todavía mayor del botín fiscal sería como pretender apagar un fuego echándole gasolina. No otra cosa, lamentablemente, se viene haciendo desde hace años, con esos mismos contraproducentes resultados.