Dado el nulo interés de Garzón por hacer avanzar la investigación en el caso del chivatazo policial a ETA, y vistas las no menos bochornosas prisas de la Fiscalía por cerrarlo, debemos recibir como una buena noticia la orden que ha dado la Audiencia Nacional al juez para que practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración de tres agentes de policía que participaron en la investigación y solicitar a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por Joseba Elosúa.
Si tenemos en cuenta que el chivatazo a ETA sólo pudo provenir de quienes estaban investigando a su aparato de extorsión, parece evidente que el interrogatorio de todos sus responsables (empezando por el director de la investigación), lejos de ser "inútil y perjudicial", tal y como tuvo Garzón la desfachatez de afirmar al desestimar la petición de las asociaciones de víctimas, "resulta necesario con el fin de esclarecer los hechos lo más posible", tal y como ha concluido en su auto la Audiencia Nacional.
Reiterando la necesidad de llevar a cabo esta y las otras nuevas pesquisas ordenadas por la Audiencia Nacional, no puedo sin embargo dejar de echar en falta una pesquisa que aun me parece más evidente y necesaria. Me refiero a la que debe tener como objetivo el interrogatorio del representante del Gobierno de Zapatero ante ETA, José Manuel Gómez Benítez, quien durante el "proceso de paz", y según documentación incautada en Francia a los terroristas y que obra en poder de la juez Laurent Levert, señaló la comisión de este chivatazo como prueba de la voluntad del Gobierno de Zapatero de seguir avanzando en el "diálogo" con la banda terrorista.
Quien señala como mérito de un Gobierno la comisión de un delito de colaboración con banda armada, tal y como presuntamente hizo Gómez Benítez, no puede seguir siendo un día más vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo al que el Gobierno de Zapatero le elevó tras sus servicios prestados durante el mal llamado "proceso de paz". Tomar declaración a Gómez Benítez no sólo resulta necesario para aclarar si estamos ante esta bochornosa circunstancia, sino también para saber si los funcionarios y agentes que perpetraron el chivatazo lo hicieron motu proprio o, como parece mucho más probable, siguiendo órdenes de sus superiores políticos.
De un juez como Garzón, confeso simpatizante de la "paz sucia" de ZP con la excusa de que "por la paz hay que hablar hasta con el diablo", que durante tanto tiempo ha tenido en el cajón del olvido la instrucción de este escalofriante caso, que tantas pegas ha puesto a la acusación ejercitada por las asociaciones de víctimas –incluida la inaudita de exigirles una fianza–, que está poniendo similares trabas al PP para personarse en la causa, y que considera "inútiles y perjudiciales" las pesquisas más evidentes, no podemos esperar nada en este sentido. Más aún si tenemos en cuenta que es íntimo amigo de Gómez Benítez.
Otro tanto podríamos decir de una Fiscalía cuyo único movimiento en esta causa ha sido su bochornosa petición de sobreseimiento, y que depende de un fiscal general del Estado que, como Cándido Conde Pumpido, no tuvo empacho en pedir a jueces y fiscales que la "ley no sea obstáculo" para el proceso de paz, y que aseguró, en el colmo de la más abyecta cursilería, que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino".
Sin embargo, al margen de este lamentable juez y de esta lamentable Fiscalía, es mucho lo que todos –empezando por las acusaciones particulares– podemos hacer para que se sepa si el polvo –más bien lodo– de esa sucia paz de ZP ha manchado o no a un vocal del Consejo General del Poder Judicial.