Tal vez le esté dando excusas a Feijóo para poder olvidarse de uno de sus más loables compromisos electorales, pero lo cierto es que la libertad de elección de lengua en el campo de la enseñanza, cuando se equipara al poder efectivo de todos los padres para escolarizar a sus hijos en la lengua de su preferencia, puede ser, en no pocos casos, absolutamente impracticable sin elevar considerablemente el gasto público y, en su caso, los impuestos. La misma aula y el mismo profesorado que antes bastaban para enseñar a un determinado grupo de alumnos en una determinada lengua, ahora pueden resultar absolutamente insuficientes si ese grupo se escinde y hay que enseñar por separado a quienes han optado por el gallego y los que han optado por el castellano. En muchos pueblos y en no pocos centros escolares se habrá de decidir por mayoría, violando de esta forma derechos individuales de los minoritarios. Eso o incrementar muy considerablemente, como antes dije, el gasto para garantizar que esa libertad de elección sea además una posibilidad efectiva para todos.
Esto es lo que ocurre en algunos centros escolares en la Comunidad Valenciana, donde muchos padres, al estar en clarísima minoría, no pueden escolarizar a sus hijos en valenciano. Allí también se da algún caso, aunque sea aun más infrecuente, de padres que quisieran escolarizar a sus hijos en castellano y no pueden, por mucho que la ley, como en el caso anterior, también se lo permita.
Aunque considere deseable que Feijóo cumpla su promesa, también sería aconsejable que todos seamos conscientes de los problemas que plantea esta libertad lingüística cuando se establece en el marco de un liberticida sistema educativo estatal, así como de los problemas que también se presentan cuando la libertad para hacer algo se confunde con el poder efectivo de lograrlo. Que sea libre para comprar una cosa no es lo mismo que yo tenga derecho a imponer a nadie que me la venda. Una cosa es lograr que los poderes públicos no nos impongan por ley a los padres la lengua en que se escolarizan nuestros hijos, y otra, mucho más difícil de conseguir, que los padres tengamos derecho a exigir a los poderes públicos que obliguen a los centros escolares a impartir la lengua de nuestra preferencia.
En cualquier caso, que el Estado no financie directamente a los titulares del derecho a la educación y que, a su vez, prohíba a los padres la libre elección de centro educativo para sus hijos, supone una vulneración tan grande de nuestros derechos civiles como el que no nos permita elegir la lengua en la que queremos que enseñen a nuestros hijos. Y tan importante es lograr que todos seamos conscientes de ello como que Feijóo cumpla con su promesa.