Tras el Consejo de Ministros del viernes pasado, el ministro del Interior presentaba en rueda de prensa, junto a la vicepresidenta Fernández de la Vega, una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que, supuestamente, trata de reforzar la Ley de Partidos y cerrar la puerta a la participación de los proetarras en las elecciones municipales. Básicamente, lo que esta reforma permitiría es quitar el acta a un concejal de un partido ilegalizado si no renuncia, de manera expresa, pública y notoria, a los principios que llevaron a la ilegalización de su formación, así como facilitar la prohibición de nuevas candidaturas que tratasen de continuar el "trabajo" de un partido ilegalizado. Además, aunque ya esté en curso el proceso electoral, se podrá ilegalizar a una formación en la que se descubran pruebas de vinculación con el entorno de la organización terrorista.
Aunque el ministro Rubalcaba haya defendido esta reforma bajo la premisa de que "quien hizo la ley, tiene que prever la trampa", y pese a que la vicepresidenta también haya dicho que hay que evitar "los trucos y las artimañas" de los proetarras a la hora de burlar la ley de partidos políticos, que nadie se llame a engaño. Ni esta reforma de la LOREG era necesaria para impedir a los proetarras que pudieran volver a presentarse a las últimas elecciones, ni era necesaria para impedir que pudieran seguir desempeñando cargo público una vez ilegalizada la formación por la que se presentaron. Lo más grave de todo es que seguirá siendo insuficiente para impedir que los proetarras puedan volver a hacerlo.
Y me explico: si los proetarras de ANV y PCTV lograron burlar la Ley de Partidos no fue, tal y como pretende hacernos creer ahora el Gobierno, a causa de ninguna laguna o falla de la Ley de Partidos que esta reforma de la LOREG venga ahora a remediar. Se debió única y exclusivamente a la complicidad del Gobierno de Zapatero, que se negó a que la Fiscalía General del Estado instara la ilegalización.
En efecto, al margen de las actas de la negociación con ETA que evidencian que esa burla de la Ley de Partidos era uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la organización terrorrista, conviene recordar la sentencia del Supremo que atendía la tardía y parcial solicitud de ilegalización de algunas listas de ANV presentada por la Fiscalía. Dicha sentencia incluía un "obiter dicta" o consideración complementaria a la misma, que abierta y duramente reprochaba al Gobierno y a la Fiscalía que no hubieran instado la ilegalización de ANV en su conjunto. Y es que, aunque los magistrados del Supremo dejaban de manifiesto que encontraban razones para poder ilegalizar la formación proetarra en su conjunto, también indicaron que no lo podían hacer por no haber sido objeto del recurso de la Fiscalía. Ciertamente, por el principio de congruencia, el contenido declarativo de una sentencia no puede conceder nada "extra petita", esto es, nada que no se le haya pedido.
Ahora con la reforma de la LOREG, el Gobierno sigue dejando en manos de organismos dependientes suyos, como son la Fiscalía General o el Abogado del Estado, la puesta en marcha de todos esos mecanismos con los que supuestamente se va a impedir a los proetarras colarse en las instituciones. Si el Gobierno quisiera de verdad impedir todo resquicio, la reforma se habría dirigido a lo que "falló" la última vez en la Ley de Partidos, esto es que sólo el Gobierno o la Fiscalía puedan instar el proceso de ilegalización.
¿Por qué el Gobierno de Zapatero no permite que las Asociaciones de Víctimas o, como ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, un grupo de 50 diputados o 50 senadores puedan también instar el proceso de ilegalización?
Otro tanto se podría decir de la retirada de las actas de concejal a quienes hayan sido elegidos bajo unas siglas posteriormente ilegalizadas: Aunque tenemos que reconocer que esta reforma permitiría expulsar a los proetarras sin necesidad de disolver los ayuntamientos, hay que señalar que este proceso también se pone en marcha sólo si la Fiscalía y el abogado del Estado lo activan.
Si hay una razón para disolver un ayuntamiento es precisamente la existencia en su seno de concejales que dan cobertura al terrorismo, tal y como ya viene a decir la Ley de Bases de Régimen Local. Si siguen ahí es simplemente porque al Gobierno de Zapatero le ha dado la gana. Por otra parte, ¿no habíamos quedado que, gracias a esta reforma de la LOREG, los etarras ya no van nunca más a colarse en las elecciones? ¿O es que el Gobierno piensa seguir apagando y encendiendo el imperio de la ley a su conveniencia?
Con todo, a mí no me parece mal que el PP apoye esta reforma, siempre y cuando –eso sí– el Gobierno no siga reservándose, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la exclusiva facultad de aplicar esta reforma y la Ley de Partidos. De otra forma, tal y como está ahora planteada, para lo único que servirá es para encubrir la tramposa complicidad pasada del Gobierno en su burla a la Ley de Partidos, así como para dejar en mal lugar a quienes, como Mayor Oreja, no nos fiamos un pelo de que este Gobierno no vuelva a las andadas.