Frente a las voces que piden a la Justicia su "colaboración" para facilitar el final definitivo de ETA, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado en ABC que la "fiscalía no puede participar en el fin de ETA", que su "papel como fiscal general del Estado y el de los fiscales que lleven procesos de terrorismo es cumplir estrictamente con la legalidad" lo que significa que "aplicaremos las normas penales y en ejecución de sentencia las normas penitenciarias que fija la ley sin ningún tipo de beneficio, pero tampoco con ningún tipo de perjuicio".
La verdad es que las declaraciones de Torres-Dulce ofrecen un encomiable contraste con las de su antecesor en el cargo, Candido Conde-Pumpido, quien no dudó en determinados momentos en calificar de "Guantánamo electoral" a la Ley de Partidos; o en hacer llamamientos a jueces y fiscales para que no fueran "obstáculo" para el mal llamado proceso de paz o para que sus "togas no eludieran el polvo del camino".
Con todo, las declaraciones de Torres-Dulce podrían dar a algunos la impresión equivocada de que el fin de ETA queda al margen o es cosa distinta del Sistema de Administración de Justicia, incluido la Fiscalía, cuando lo cierto es que no hay un fin de ETA digno de ese nombre que no consista, precisamente, en el cumplimiento estricto de la Ley.
Cosa distinta es que, tal y como han hecho en un momento dado todos los partidos políticos, se llame "fin de ETA" a lo que el Pacto de Ajuria Enea llamaba "fin dialogado de la violencia", a procesos mediante los cuales las autoridades públicas se sienten temporalmente liberadas del permanente deber legal de detener a terroristas prófugos de la Justicia para, en su lugar, "dialogar", "verificar voluntades de paz", o llevar a cabo "tomas de temperaturas" con los criminales. Esta envilecida forma de entender el "fin de ETA", que ha llevado a gobernantes con capacidad de conceder indultos a ofrecer "generosidad" a los terroristas a cambio de ese supuesto "fin definitivo de la violencia", nada tiene que ver, ciertamente, con una Fiscalía y con una Justicia dignos de ese nombre, sino que son procesos que transcurren al margen y en oposición a un auténtico Estado de Derecho. Esta forma envilecida de entender el fin de ETA es lo que ha llevado a los etarras a no perder las esperanzas de conseguir, no sólo beneficios penitenciarios, sino también muchos otros beneficios políticos.
Tanto las cartas que los proetarras han hecho llegar estos días a dirigentes del PP del País Vasco, en las que les piden reuniones secretas, como la llamada "nueva ofensiva integral" anunciada por Batasuna contra el Estado, son muestras de que la mal llamada "izquierda abertzale" se impacienta, pero también de que no ha perdido la esperanza de conseguir aquellos objetivos políticos a los que su brazo armado ha vinculado su supuesto "cese definitivo".
Naturalmente, una de las cosas que más ha contribuido a que ETA y sus voceros no hayan perdido las esperanzas es el hecho de que, a pesar de la Ley de Partidos, Bildu y Amaiur estén en las instituciones. Mi duda es si el actual fiscal general del Estado ve en este hecho un "cumplimiento estricto de la ley" o ve en él algún tipo de "beneficio o perjuicio" de los que nos hablaba.
Habrá que esperar, sin duda, a que se remodele el Tribunal Constitucional; pero, llegado ese momento, la Fiscalía General del Estado deberá verse concernida a la hora de participar en cómo se quiere poner fin a ETA.