Me parece surrealista la atención que algunos brindan al Tribunal Constitucional y, más aun, el debate que plantea el hecho de si el Alto Tribunal se debía haber pronunciado antes o después de que los nacionalistas aprobaran la más reciente –que no última– ilegalidad en el Parlamento regional.
Algunos parecen empeñados en que olvidemos que ya en noviembre de 2012 Artur Mas proclamó abierta y públicamente que no habría "tribunales ni constituciones" que parasen el proceso secesionista iniciado formalmente durante la Diada de aquel mismo año. Algunos parecen olvidar que ya en enero de 2013 el Parlamento regional de Cataluña aprobaba consecuentemente una ilegal declaración que proclamaba al pueblo catalán "sujeto político y jurídico soberano" y al que se le otorgaba el cacareado derecho a decidir. Quieren que olvidemos que el mismo día en que el Tribunal Constitucional, un año después, declaró ilegal esa proclamación soberanista el Gobierno regional hizo inmediato caso omiso de la misma. Lo mismo sucedería con dos sentencias más del Alto Tribunal contrarias a la ilegal consulta secesionista que fueron inmediatamente burladas por los nacionalistas.
Me parece evidente que el tiempo que los nacionalistas van a tardar en desobedecer nuevamente al Alto Tribunal dependerá, única y exclusivamente, del tiempo que se tome el Constitucional en volverse a pronunciar. Así las cosas, me parece surrealista que fijemos la atención en lo que diga el Tribunal Constitucional respecto de unos gobernantes regionales en rebeldía que, desde hace tres años, sólo desatienden su golpista proceso de ruptura para pedir más dinero al Gobierno central o para decir que hacen caso omiso a lo que digan al respecto nuestros más altos tribunales.
Algunos quieren que olvidemos que hasta la fecha el Gobierno de Rajoy, además de ocultar el gravísimo chantaje de que fue objeto en 2012, no ha amenazado en ningún momento con suspender la Administración regional en rebeldía, ni siquiera les advertido de ninguna consecuencia en el ámbito penal, ni siquiera ha condicionado los fondos extraordinarios que los golpistas le reclamaban al inmediato cese de su intentona. Por el contrario, el Gobierno del PP se ha dedicado a hacer ofertas de diálogo que van desde la concesión de un pacto fiscal muy similar al que rechazó en 2012 –y que los nacionalistas despacharon porque llegaba "tarde"– hasta no menos contraproducentes ofertas de reformas constitucionales a favor de la "singularidad catalana" y de mayores cesiones de impuestos.
Así las cosas, no nos ha de extrañar que los separatistas den nuevos pasos. Lo extraño es que alguien se crea a Rajoy cuando dice este lunes: "El Gobierno que presido no va a permitir que esto continúe". ¿Pero quién sino el Gobierno de Rajoy es el que ha permitido, con su amplia mayoría absoluta, que este proceso ilegal haya continuado hasta ahora? ¿O es que le vamos a echar la culpa al Constitucional? Si al menos Rajoy dijera ahora que va a hacer lo que no se ha atrevido a hacer durante estos tres años, aun dejaría margen para la duda. Pero no. Lo que ha dicho el presidente del Gobierno a renglón es:
Lo he dicho siempre y lo reitero hoy, estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia.
Pues nada. Esperaremos a que los separatistas se mueran de la risa. Lo que es seguro es que papel higiénico, en forma de sentencias del Constitucional y gracias a Rajoy, no les va a faltar.