Me parece bastante evidente que si los controladores que han provocado el cierre del espacio aéreo español, cuantiosos perjuicios económicos y morales a millones de ciudadanos así como la ineludible –sí, ineludible– toma de medidas excepcionales y similares a las que el Gobierno estadounidense tomó tras los ataques terroristas del 11-S, hubieran tenido la absoluta certeza de que sus gravísimos delitos les iban a acarrear penas de prisión, la confiscación presente y futura de su patrimonio en concepto de daños y perjuicios y su inmediato despido de la carrera profesional, jamás los habrían perpetrado. Los únicos responsables de que estos sinvergüenzas tuvieran una convicción de impunidad, sin la cual jamás hubieran visto ganada su "batalla" antes de librarla, no es otro que el Gobierno.
Aunque el Ejecutivo de Zapatero no termine premiando a estos sinvergüenzas con la retirada del leve recorte planteado a sus obscenos privilegios profesionales, dudo mucho que su incompetencia pasada le permita ahora castigarlos. Y lo creo, tal y como lo han creído los delincuentes, por la sencilla razón de que castigarlos en estos momentos provocaría un mayor trastorno social que el que han causado ellos perpetrando su delito.
Ciertamente, si ese medio millar de sinvergüenzas que abandonaron tan dolosamente su servicio fueran encarcelados o, simplemente, despedidos, el Gobierno no tendría personal con el que sustituirlos. Y es que, gracias a ese privilegiado sistema gremial y precapitalista con el que este Gobierno –y los anteriores– los ha venido beneficiando, los controladores han podido restringir el acceso a la profesión, razón no sólo de sus multimillonarias retribuciones, sino también de su previsión de impunidad a la hora de defender sus privilegios incurriendo en delito. Esa falta de liberalización del sector era y es el auténtico estado de alarma al que nadie hizo caso, y no el que, como parche y mal menor, el Gobierno se ha visto empujado a declarar ahora. En el pecado de la falta de liberalización del sector el Gobierno va a tener –más bien, los ciudadanos– su penitencia y una mayoria de los controladores su impunidad.
Y es que aquí, valga el ejemplo, no se había acaparado previamente carbón antes de plantar cara a una huelga de mineros, tal y como, sino recuerdo mal, hizo Thatcher para la ocasión. No existe algo así como un "ejército de reserva" civil de controladores del que poder echar mano; y el verdadero Ejército no tiene controladores lo suficientemente numerosos y preparados como para sustituir al medio millar que han incurrido en delito. Expertos en la cuestión, como Francisco Capella, tampoco ven nada fácil lo de traerse controladores del extranjero, donde tampoco sobran, y que, en cualquier caso, no podría hacerse de un día para otro, por mucho que en España sus retribuciones sean superiores.
Esa es la razón por la que creo que la falta de previsión e incompetencia del Gobierno le va a obligar a tener que empezar a exculpar a muchos de los delincuentes que decía que iba a llevar a los tribunales; tendrá que presentárnoslos –como de hecho Blanco ya ha empezado a hacer– como "excelentes profesionales que obedecían las indicaciones de un grupo reducido que hay que identificar". Vamos, como si hubiera controladores que hubiesen perpetrado su delito, no en comandita con los demás, sino siguiendo las órdenes de alguna autoridad.
En cualquier caso, el Gobierno no lo va atener nada fácil en su forzada misión de que la mayoría de los delincuentes se vaya de rositas. Son muchos los ciudadanos que están acudiendo a los tribunales para que todos –y no sólo "un grupo reducido"– paguen por sus delitos. Lo que me parece claro es que el auténtico estado de alarma reaparecerá tan pronto el Gobierno derogue el que ha aprobado como medida de excepción. Y a nadie le alarmará.