Si el problema fuera que el presidente de la Generalidad se negara a convocar elecciones a pesar de haber agotado claramente el tiempo de su mandato, aplaudiría una aplicación del artículo 155 de la Constitución que sólo tuviera como objetivo la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en un plazo no superior a los seis meses.
Ahora bien, el problema ni siquiera se limita al hecho de que unos delincuentes reincidentes, que manejan la Administración autonómica en Cataluña, sigan empecinados en la creación de un nuevo Estado soberano. El problema incluye, de forma decisiva, a una clase política española dispuesta a mantener la impunidad y la cuasi independencia de facto que se ha concedido a la Cataluña nacionalista –incluso a ampliarla con un todavía más generoso sistema de financiación y una reforma constitucional– a cambio de que los golpistas renuncien a su delirante empecinamiento en forma de República. Por ello, estoy convencido de que el problema lo seguiremos teniendo sobre la mesa dentro de seis meses.
Que conste que me pareció una temeridad no suspender la autonomía catalana una vez que el anterior presidente de la Generalidad, Artur Mas, tras inaugurar pública y abiertamente un sedicioso proceso de ruptura que no pararían ni "tribunales ni Constituciones", terminó por convocar en diciembre de 2013 una ilegal consulta secesionista para el 9 de noviembre de 2014. Pero no mucho menos arriesgado e indolente me parece, a estas alturas, limitar a seis meses la suspensión de la autonomía, tiempo que me parece ridículo para hacer volver a Cataluña a una legalidad constitucional de la que los nacionalistas la sacaron –en algunos aspectos– mucho antes de 2012. Más aún cuando en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se procede a esta vergonzante aplicación del 155 no se incluye cláusula alguna por la que los gobernantes autonómicos surgidos de las elecciones de abril se vean obligados a comprometerse públicamente con el ordenamiento constitucional como condición sine qua non para asumir el cargo y ver recuperada la Administración regional en suspenso. Más aún cuando esta suspensión de la autonomía en rebeldía no va acompañada de la detención de los golpistas que la pretenden seguir rigiendo.
Por otra parte, ¿verían Rajoy y Sánchez el orden constitucional restablecido en Cataluña a pesar de que allí se siguiera sin poder estudiar en español? ¿Verían el orden constitucional restablecido con unos medios de comunicación públicos y una educación a cargo del contribuyente que se mantuvieran al servicio de la causa nacionalista? ¿Verían el orden constitucional restablecido con unas ilegales embajadas catalanas activas en su función propagandística de "internacionalización del conflicto", tal y como las que, desde el mes de septiembre, está pagando Cristóbal Montoro? ¿Ese restablecimiento del imperio de la ley, acorde a una nación de libres e iguales, es, para Rajoy y Sánchez, compatible con la privilegiada y temeraria impunidad de la que siguen gozando los cabecillas del golpe? Mucho me temo que sí.
Si hasta Rajoy ya ha dado por "confirmada" la declaración de independencia proclamada públicamente por Puigdemont el pasado 10 de octubre, ¿a qué se debe, entonces, que no haya instado coherentemente a la Fiscalía a que presente inmediatamente una querella por rebelión contra Puigdemont? ¿A qué es debido que la Fiscalía, tampoco motu proprio, haya querido ver la persistente desobediencia y los delitos de sedición y rebelión perpetrados por los cabecillas del golpe desde que convocaron la consulta del 1-O? ¿Acaso considera el Ministerio Público que, desde que convocaron ilegalmente esta segunda consulta secesionista, el pasado 7 de septiembre, los golpistas ya no han vuelto a delinquir y se han convertido en unos celosos observantes de la ley? ¿Cuántas veces más han de delinquir para que les afecte el Código Penal?
Si ilusorio –por no decir cómodo autoengaño– me parece ver en Cataluña restablecido el orden constitucional en seis meses, no menos me lo parece creer que esas nuevas elecciones vayan a otorgar a los constitucionalistas una mayoría suficiente como para mantenerlo. Y eso aun cuando el PSC se tornara para entonces en el más fiel defensor de nuestra Carta Magna.
Si, al menos, las formaciones soberanistas –incluyendo, claro está, a Catalunya Sí que es Pot– no se quisieran presentar a estas elecciones autonómicas por el hecho de ser convocadas por el Gobierno central, aún albergaría la esperanza de que Cs y el PP de Albiol pudieran concluir una obra que, a todas luces, seguirá estando inacabada dentro de seis meses. Por ahora, lo único que sabemos, es que los cabecillas del golpe, a los que todavía nadie se atreve a detener y sentar en el banquillo, gozan de libertad suficiente como para resistirse incluso a ser apartados de la poltrona.
¡Ay, artículo 155 de la Constitución! ¡Qué nuevo disparate se va a cometer –esta vez– en tu nombre!