Una de las muchas cosas que me ha llamado la atención de la ronda de contactos bilaterales entre Zapatero y los presidentes autonómicos para diseñar el nuevo modelo de financiación autonómica, ha sido la reclamación de Pérez Touriño relativa a que de la caja común salga una partida destinada a pagar "el coste que se deriva del hecho diferencial de tener una lengua propia". Semejante pretensión del presidente gallego no ha podido más que recordarme aquel célebre reproche de Rodríguez Ibarra a los nacionalistas catalanes que decía que "tener dos lenguas no significa tener dos bocas para comer más que los demás".
Ciertamente, de prosperar esta reclamación –ante la que, según Pérez Touriño, Zapatero se ha mostrado "receptivo" y ha considerado "razonable"–, todas las comunidades que cuentan con lengua cooficial deberían ser igualmente beneficiadas, generándose así un agravio comparativo con respecto a las que no la tienen.
Hablar dos lenguas no implica, sin embargo, un sobrecoste, sino una ventaja. Lo que sí resulta una carga es ese coactivo y, ciertamente, costoso proceso de "normalización lingüística" que se da en aquellas comunidades en las que sus habitantes no se ajustan a ese "hecho diferencial", a ese delirante molde nacionalista de conocer, usar o tener por propia una lengua distinta del castellano. Son las personas, sin embargo, y no los territorios, los que tienen lengua propia. Y la lengua propia de la mayoría de los gallegos, de los valencianos, de los vascos, incluso de los catalanes, es, como la del resto de los españoles, el castellano. Todos ellos son, además, capaces de entender y hacerse entender en español, por lo que no estamos ante un problema de comunicación. Estamos ante un problema político nacido por los disgregadores y coactivos delirios nacionalistas. Que todo esto se pretenda, encima, financiar a cargo de la caja común de todos los españoles es el colmo del disparate.
Aunque sus violaciones a los derechos civiles y su carácter disgregador de España deban ser, por este orden, las principales objeciones contra esos coactivos procesos de "normalización lingüística", sería igualmente deseable que, a raíz de las confesas declaraciones de Pérez Touriño, se redactaran y difundieran informes detallados del altísimo sobrecoste económico que conllevan estos liberticidas ejercicios de ingeniería social; un sobrecoste que deberían pagar sólo los ciudadanos de aquellas comunidades que sufren el "hecho diferencial", no de tener una lengua propia, sino de tener gobiernos en manos de los nacionalistas; un "hecho diferencial" que, me temo, cada vez más nos hace sufrir por igual al conjunto de los españoles.