Hay quien se pregunta retóricamente qué hubiera dicho la izquierda, en general, y el PSOE, en particular, si hubiera sido un Gobierno de derechas el que hubiera proclamado el estado de alarma tras el histórico, liberticida y delictivo caos provocado por los contralores aéreos. Pues seguramente habrían dicho las mismas sandeces que se están diciendo desde los sitios más insospechados contra la decisión del Gobierno de Zapatero de aplicar esta medida excepcional que contempla nuestra Carta Magna. Para mí la declaración y la prórroga del estado de alarma, lejos de una proclamación fascista, no es más que el reconocimiento más claro del desastre de este Gobierno.
Ojalá este Gobierno y los anteriores no hubieran privado al Estado de Derecho de los mecanismos normales que este debería conservar para poder preservar o restablecer la libertad del tráfico aéreo sin necesidad alguna de pedir para ello ayuda a los militares. De haber tenido el Estado de Derecho a su disposición mecanismos normales para dicho ámbito, estoy seguro de que los controladores nunca se hubieran atrevido a tanto; y, desde luego, de haberse atrevido, ahora no seguirían ejerciendo de tales bajo control militar, sino que estarían en la puta calle, en libertad condicional a la espera de ingresar en prisión, y con su patrimonio embargado para pago de daños y perjuicios.
No digo yo que, con el tiempo, no se pueda restablecer el debido y normal funcionamiento del Estado de Derecho y, con esa normalidad, el objetivo de que estos sinvergüenzas paguen como deben por sus delitos. Pero por culpa de este gobierno, poner a día de hoy en ejecución los mecanismos normales de un Estado de Derecho para que los controladores paguen por sus delitos –tal como su inmediato despido– supondría, tal y como he señalado en ocasiones anteriores, estar abocados a un caos tan liberticida como indefinido. Y ello por la sencilla razón de que, a día de hoy, todavía no hay personal suficiente que pueda sustituir como controlador a los delincuentes que tienen que seguir en su puesto laboral manu militari.
Para establecer el normal funcionamiento del Estado de Derecho en el tráfico aéreo hay que acabar primero con los anormales privilegios que otorgan una alarmante impunidad a los controladores tanto como les garantizan sus disparatadas retribuciones. Las escandalosas retribuciones de este tipo de trabajadores no es que puedan ser criticadas, es que de hecho lo son por todas las escuelas de pensamiento liberal; no porque sean salarios altos, sino porque son fruto de coactivas restricciones al mercado y a la competencia. Pero lo peor es que esas restricciones al acceso laboral desarman al Estado de Derecho de mecanismos normales con los que preservar el imperio de la ley. Y que no me vengan a criticar el carácter preventivo del estado de alarma, pues ese mismo carácter preventivo está presente en la función disuasoria de las penas que contempla el normal funcionamiento del Estado de derecho. La prevención que algunos denigran con un "por si acaso" está además presente en el pensamiento liberal desde los tiempos de la Escuela de Salamanca, cuyos teóricos justificaban hasta las guerras preventivas.
No es normal tener que sostener con la mano el techo que me cubre, pero yo no la voy a quitar mientras que no haya vigas y tabiques que lo soporten. Podemos simular normalidad derogando ya el estado de alarma, pero no por ello la normalidad se habrá efectivamente restablecido. Claro que a algunos les puede bastar el compromiso firmado de muchos de los delincuentes de no volver a las andadas durante las navidades. Yo, sin embargo, me quedo más tranquilo con la prolongación del estado de alarma, que no debe derogarse hasta que desaparezca la alarmante impunidad.