El Banco de España nos anuncia que el PIB se ha derrumbado a niveles que no conocíamos desde 1970. El paro ya se sitúa en España por encima del doble de la media europea. España se sitúa a la cola de los países desarrollados en I+D y productividad laboral. La tasa española de inflación armonizada se mantuvo en abril en el -0,1%, el segundo registro negativo interanual de la historia de este indicador. Estas son algunas de las noticias que puedo leer en el momento que escribo este artículo. Y mientras tanto, el Gobierno de Zapatero sigue echando gasolina al fuego con su desatada política de gasto y endeudamiento público y con su renuencia a emprender reforma estructural alguna.
Tal y como tan bien han explicado en este periódico Juan Ramón Rallo y Lorenzo Ramírez, entre los devastadores efectos que, no sólo para el futuro de nuestra economía, tiene esta política de endeudamiento público está el del llamado crowding out. El endeudamiento de las Administraciones Públicas absorbe una creciente parte del ahorro interno, desplazando así a familias y empresas a la hora de obtener crédito.
La intención de este articulo, sin embargo, no es tanto incidir en la crítica de índole estrictamente económica a esta política de déficit público, sino complementarla con una crítica de carácter más político que denuncie sus perversos efectos, también presentes y futuros, en el funcionamiento democrático.
La democracia es un sistema que se caracteriza por una serie de contrapesos y de limitaciones al poder de las mayorías transitorias. Una de las limitaciones más obvias a ese poder es la temporal. Por mayoritaria que haya sido la elección de un determinado partido, y a diferencia de esa proclama totalitaria de "un hombre, un voto, una sola vez", cualquier gobierno, transcurrido cierto tiempo –en nuestro caso, cuatro años–, está obligado a convocar nuevas elecciones, que den posibilidad a la alternancia. Incluso durante ese tiempo, la legitimidad del gobierno de turno para fijar la presión fiscal de su preferencia puede tener límites constitucionales que, en defensa del derecho a la propiedad privada, proscriban la fiscalidad confiscatoria. Lo que ocurre con la política de déficit y endeudamiento público, sin embargo, es que el gobierno no se limita a fijar y hacer uso de los impuestos de la legislatura presente, sino que también compromete los de legislaturas futuras para las cuales aun no ha sido reelegido. Esa política no sólo supone una vulneración encubierta de los límites temporales que la democracia impone a cualquier gobierno, sino que también distorsiona profundamente el enjuiciamiento democrático de la acción del Ejecutivo por parte de los ciudadanos.
Ciertamente, como esa política de gasto público no tiene respaldo suficiente en la presión fiscal de la presente legislatura, muchos de sus costes se transfieren a las venideras. Así los beneficios se hacen visibles, mientras que muchos de sus costes –no todos, como hemos visto– se ocultan al transferirse hacia el futuro. En este sentido, no me extraña la rápida y entusiasta acogida que tuvo y sigue teniendo en el ámbito político el paradigma económico keynesiano, favorable al déficit público, y su irresponsable despreocupación por el futuro, ya que a "a largo plazo, todos muertos".
Se podrá objetar, no obstante, que nuestra pertenencia al euro nos impone ciertos límites a esa irresponsable política de endeudamiento. A este respecto, hay que reconocer, efectivamente, que en el pasado –dígase ahora lo que se quiera– nuestro ingreso en el euro permitió vender como "imperativo europeo" una sana política tendente al equilibrio presupuestario que la hizo más aceptable. Sin embargo, es de temer que esa disciplina que nos viene de fuera también ahora se relaje, ya que, sin llegar a los irresponsables extremos del Gobierno de Zapatero, casi todos los Estados están volviéndose a olvidar del "santo temor al déficit".
En cualquier caso, y al margen de los imperativos económicos, no está de más que también denunciemos al Ejecutivo de Zapatero por el déficit democrático que provoca su irresponsable política de huida hacia adelante.