Habida cuenta de la clamorosa impunidad con la que los separatistas catalanes vienen desobedeciendo, desde antes incluso de 2012, todas y cada una de las resoluciones de nuestros Altos Tribunales contrarias a su proceso secesionista, les he de confesar que el titular de portada de ABC de este miércoles "La fiscalía promete mano dura contra el independentismo" me evocó aquellos irónicos chistes del genial Mingote que durante tanto tiempo engrandecieron a ese diario.
En cualquier caso, lo que ha caracterizado a la Fiscalía General del Estado, desgraciadamente, no es la mano dura, sino la cara dura y la desidia con la que está dejando impunes numerosos delitos ya perpetrados por los separatistas catalanes, que desde hace años se ríen públicamente de cuanto digan nuestros Altos Tribunales. La única excepción –y eso, siendo generoso con él– la protagonizó Torres-Dulce, quien, si bien no movió un dedo contra las desobediencias en materia lingüística o la ilegalidad y malversación de fondos que constituyó la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, acusó de desobediencia, malversación de fondos y prevaricación a los máximos responsables de la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014. Esa simple muestra, no ya de mano dura, sino de mínimo respeto al Estado de Derecho, no casaba con la cara dura con la que el Gobierno de Rajoy ha rehuido en todo momento su obligación de hacer cumplir la ley y de promover el castigo de quienes se la saltan a la torera. Así las cosas, Torres-Dulce optó por la dimisión, y vino a sustituirle Consuelo Madrigal, quien hasta la fecha ha mirado para otra parte frente a las numerosas desobediencias que los golpistas catalanes han continuado perpetrando desde la consulta secesionista de marras.
Es más. Bajo el mandato de Madrigal, el Ministerio Público cometió este verano la tropelía de enmendar a Torres-Dulce al retirar la acusación por malversación de fondos contra Artur Mas –el único delito por los que sigue acusado penado con cárcel– con el peregrino al tiempo que falso argumento de que los gastos de la Generalidad para el proceso se acordaron antes de que el Constitucional prohibiera la consulta.
El caso es que la desidia de la fiscal general del Estado ha llegado a tal extremo que recientemente ha tenido que ser una plataforma de la sociedad civil –Libres e Iguales– la que ha presentado una denuncia contra la presidenta del Parlamento autonómico catalán, Carme Forcadell, por el pleno en que, ignorando las resoluciones del TC, colocó a dicha cámara fuera de la ley y dio comienzo al proceso de desconexión del resto de España.
Que ahora nos venga Madrigal a decir, durante su intervención en la apertura del año judicial, que "la Fiscalía actuará si fuera preciso" para que "no haya más legitimidad que la fundada en la Constitución" es una muestra de cara dura que sólo el voluntarismo de ABC puede hacer pasar por encomiable "mano dura contra el independentismo".
Yo no sé cuántas veces más deben desobedecer al Constitucional los golpistas que rigen la Generalidad para que Madrigal considere que ya es "preciso" actuar penalmente contra ellos. Lo que sé es que el mismo día que ella tapaba sus vergüenzas en la apertura del año judicial, la mesa del Parlamento catalán que preside Forcadell reincidía en su delito de desobediencia y, volviendo a hacer caso omiso a las advertencias del Constitucional, tramitaba la segunda ley de desconexión del Estado español, que es la referida a la Agencia Tributaria propia.
Lo dicho: de chiste, si no fuera para llorar.