El Partido Popular, como era de esperar, ha anunciado que votará a los candidatos socialistas en los municipios vascos que precisen su apoyo para ser elegidos alcaldes. Lo hace sin pedir por ello contrapartidas, incluso en el ayuntamiento de San Sebastián, votando a Odón Elorza, si no suscribe, como a veces amenaza, acuerdos con los nacionalistas previos al pleno del próximo 14 de junio. Más que generosidad, que tampoco hay que despreciarla, el gesto es, sobre todo, la constatación de que el PP apoya sin fisuras las mayorías constitucionales y el entendimiento con el PSOE para la defensa de la legalidad y los derechos individuales en el País Vasco.
Por el contrario, el señor López, secretario de los socialistas vascos, ha indicado que no habrá pactos globales y que cada candidato socialista, allí donde pueda, es libre de establecer los acuerdos que considere oportunos para lograr el mayor número de alcaldes. Esta decisión merece una doble consideración y una coda.
En primer término, el objetivo de conseguir el mayor número de alcaldes no es exactamente lo mismo que una apuesta decisiva por mayorías constitucionales y no responde, además, a la promesa electoral de los dirigentes nacionales del PSOE que, bien es cierto que presionados por las preguntas de sus adversarios políticos, señalaron que pactarían con el PP y utilizarían cada voto para oponerse a los planes excluyentes y antidemocráticos de Ibarretxe. En segundo término, esta decisión de López y sus seguidores hace un flaco servicio a Rodríguez Zapatero manteniendo, en contra de sus promesas citadas, la duda acerca de la actitud del PSOE en el País Vasco y ante el embate totalitario del nacionalismo. Parece que los socialistas se niegan, sorprendentemente, a cerrar, ninguno de los frentes y problemas que hicieron que el pasado día 25 no consiguieran dar el vuelco electoral que presagiaban.
En esta ambigüedad socialista, en la que un supuesto pragmatismo (que interesa a sus cargos más que a los ciudadanos) se coloca por encima de los principios (que interesan a los ciudadanos y deberían interesar a los políticos del PSOE), hay un hecho significativo y hasta simbólico. En el municipio de Ortuella, los votantes castigaron más que lo que el PSOE esperaba, al actual alcalde, el señor Pastor, también secretario de los socialistas vizcaínos, receloso atrabiliario de los pactos constitucionales, socio de Eusko Alkartasuna hasta sin necesitarlo. Cuando parecía que tenía que dejar la alcaldía, el último recuento proporciona al PP en Ortuella un concejal con el que el señor Pastor, tan suyo, será de nuevo alcalde.
Pero vayamos con la coda, que no es la peripecia de este socialista. Lo lógico habría sido un serio y permanente acuerdo del PSOE con el PP, pero la decisión de López y sus consejeros coloca en un brete a Javier Rojo, secretario de los socialistas alaveses y miembro del Comité Ejecutivo del PSOE por decisión expresa de José Luis Rodríguez Zapatero. El señor Rojo quiere ser diputado general de Álava aunque quedó en las elecciones siete puntos por debajo del candidato popular, Ramón Rabanera. Ahora, el señor Rojo no podrá alegar un pacto global ni una negociación mediando el apoyo a otras candidaturas del PP. Para su absurda pretensión, sólo podrá decir que es lo que le apetece, por encima de la realidad electoral, del entendimiento entre partidos constitucionales y de la defensa conjunta de la Constitución. Además del sentido común, la calculada ambigüedad socialista ha dejado en mal lugar al paradójico señor Rojo. Como en Ortuella al señor Pastor.
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