El enemigo de mi enemigo no siempre es mi amigo. De hecho, puede que también sea mi enemigo. Y, sin embargo, el país y sus muchas cabezas pensantes han caído directos en la trampa de aceptar la actuación del Gobierno de Zapatero por castigar al gremio de los controladores. Sólo a toro pasado empiezan a escucharse voces sobre la legalidad de las medidas adoptadas en torno al estado de emergencia y la militarización del trabajo del control aéreo. Quienes más rápido vieron lo inusitado de la medida y las dudas que suscitaba fue la prensa internacional quien, como en Italia, titularon Zapatero como Franco.
Los juristas podrán discutir a gusto en su terreno sobre la constitucionalidad o no de la decisión del Ejecutivo ante esta crisis, pero políticamente no deja de ser chocante la salida del Gobierno. Bien por su incapacidad negociadora, bien por querer dar una imagen de resolución y mando, se abandona todo el procedimiento laboral y civil más básico y se recurre a una alternativa tan radical como inusitada, parapetándose en el malestar de cientos de miles de ciudadanos.
Flaco favor le ha hecho Zapatero a las Fuerzas Armadas. Nuestros militares no están ni deben estar para resolver situaciones laborales conflictivas. ¿O es que el Gobierno se plantea militarizar Telemadrid en la próxima huelga de sus sindicatos izquierdistas, o el metro de Madrid en su próximo paro contra Esperanza Aguirre? La imagen idílica aireada sin cesar por la ministra Chacón ha sido la de unos profesionales que llevan el bien allende nuestras fronteras, no la de unos represores que fuerzan a trabajar a punta de pistola o con la espada del código militar en la mano.
Y está además, claro, la cuestión de la obediencia debida. ¿Por qué los militares no han aconsejado mejor a este Gobierno? No deja de ser una paradoja que, por ejemplo, se desplieguen en el Sur del Líbano sin cumplir con su mandato de las Naciones Unidas de desarmar la guerrilla de Hizbolá, pero sí cumplan un cometido impuesto por el Gobierno en flagrante contradicción con su orientación y práctica y más que posiblemente ilegal. ¿Dónde está el sentido común de la cúpula militar y el conocimiento de la asesoría jurídica de Defensa?
Por no mencionar el espinoso asunto del precedente político: ¿va a recurrir de nuevo Zapatero y sus ministros a otro estado de alarma ante la próxima crisis laboral? De un Gobierno que tan poco democrático se ha mostrado en estos años y que supura una actitud de prepotencia, así como una creencia de que el Estado es su cortijo (¿no va a nombrar la ministra a quien le salga de los cojones?), concederle que puede comportarse como quiera, sin respeto a los procedimientos básicos de la democracia, es asumir un riesgo innecesario.
Quienes desde la oposición prefieren el fervor entusiasta de los afectados que se han quedado sin sus merecidas vacaciones al respeto a la más estricta legalidad cometen un gravísimo error por no denunciar al Gobierno. En democracia no todo vale. Y el manu militari como resolución de conflictos no es de recibo. Popularidad e ilegalidad pueden ir a veces perfectamente de la mano. Es de políticos responsables luchar contra esa unión nada racional por muy pasional que sea.
Por último, nada más patético que la imagen de unos pocos vehículos de esa unidad cultivada por Zapatero, la UME, a las puertas de las terminales de Barajas, repartiendo unas espantosas mantas amarillas con sus siglas para arropar a quienes buscaban conciliar el sueño sobre el duro mármol.
Ay, ante los militarismos postmodernos, la izquierda y la derecha se tocan.