Vienen a coincidir, en estos días, la presentación de los Presupuestos de Defensa del año 2013 con los actos de aniversario de la creación, por parte de Zapatero, de la Unidad Militar de Emergencias, el 7 de octubre de 2005.
No tiene el menor sentido que sea el Ministerio de Defensa el encargado de apagar fuegos, construir diques para inundaciones o repartir mantas en albergues. De hecho, otros organismos de la Administración llevaban décadas haciéndolo, antes de que a Zapatero, Bono y la cúpula militar del momento se les ocurriera crear la UME.
La supuesta ventaja de los militares en ese ámbito se basa en tres razones engañosas. En primer lugar, en la propia condición castrense de los militares: el orden y la jerarquización característicos de lo militar posibilitaría, en principio, una mayor eficacia. Pero la obediencia, la estricta jerarquía y la rigidez castrenses se derivan de la condición del Ejército de institución armada destinada al uso de la fuerza contra el enemigo: darle otro uso supone desnaturalizarlo y erosionar su sentido. A los responsables políticos y militares no les parecerá importante, pero a la larga resulta muy dañino para la institución.
En segundo lugar, es evidente que la UME escapa a las miserias autonómicas y trabaja como un cuerpo verdaderamente nacional. Pero en este punto se rehúye el verdadero problema, que es el localismo de los organismos de emergencia. Querer solucionar la compartimentación autonómica creando una nueva unidad sin afrontar el problema resulta gravoso y ridículo. Que el problema no se resuelve así se demuestra cada verano, en que la UME no puede cubrir los huecos que dejan los problemas de competencias que se suscitan entre las distintas autonomías.
En tercer lugar, tenemos lo más importante: los militares han sido dotados de los mejores medios posibles, los más caros y sofisticados. Además, los integrantes de la UME disfrutan de dietas más altas y atractivas. Pero, en verdad, cualquier otra administración o cuerpo de emergencias dotado con esos medios sería igualmente eficaz; o más, porque la UME suple con entrenamientos y maniobras, o sea, con dinero, la experiencia que otros cuerpos de bomberos atesoran desde hace décadas: no es la UME, sino el dinero que se le entrega, lo que apaga los incendios. La lógica y el sentido común invitan, pues, a que un organismo así dependa del Ministerio de Medio Ambiente.
Por otro lado, no se trata ya de que un cuerpo de emergencias no tenga sentido dentro del Ministerio de Defensa; lo tiene menos, precisamente, en este Ministerio de Defensa, tan apurado financieramente. La UME es un agujero económico para unas Fuerzas Armadas en bancarrota. Cada año los responsables del Ministerio recuerdan el continuo descenso presupuestario y apelan a la necesidad de una cultura de defensa que conciencie acerca de lo que es prioritario. Pero en vez de blindados, aviones o barcos, con el dinero de defensa se compran motobombas, mangueras y excavadoras.
Desde su puesta en marcha, la UME ha costado más de 1.000 millones de euros, que podían y debieron haberse invertido mucho mejor. Por lo menos para las Fuerzas Armadas. Pero los responsables, políticos y militares, nunca han tenido intención de afrontar este malgasto de los recursos de defensa.
Es aún peor. Hacer descansar el prestigio de las Fuerzas Armadas en unas actuaciones que no son las propiamente suyas, que no tienen por qué realizar ellas y que económicamente son un lastre para nuestra defensa es un error cultural. La famosa conciencia de defensa es así erosionada desde el propio Ministerio, y se maleduca a la sociedad acerca de la verdadera naturaleza de las misiones de las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que ver con la de esta unidad.