Aunque Francia es hoy por hoy vulnerable, muestra su determinación frente a los terroristas y ofrece todo un modelo a seguir para después del zapaterismo.
Es tal la atención que requiere la convulsa situación que atraviesa Túnez en el plano internacional –o tan rutinario pero también envolvente desde el punto de vista informativo como el anuncio por parte de los terroristas de ETA de su enésima "tregua", en el plano interno–, que podemos perder de vista dos manifestaciones del terrorismo yihadista extremadamente preocupantes.
La primera es el asesinato el 7 de enero de dos ciudadanos franceses en el norte de Níger, cuando tras haber sido secuestrados en Niamey por terroristas de Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), fueron asesinados fríamente ante la presión ejercida por fuerzas especiales nigerinas y francesas que pretendían liberarlos. La segunda es la decepcionante, pero por otro lado previsible, reducción de penas a los once condenados por la Audiencia Nacional en diciembre de 2009, por haber planeado atacar con terroristas suicidas el metro de Barcelona. Detenidos en enero de 2008 por la Guardia Civil, en el barrio barcelonés de El Raval, los once eran condenados por la Audiencia Nacional: Maroof Ahmed Mirza, considerado el líder del grupo, era condenado a diez años y medio como dirigente de grupo terrorista. Los otros diez componentes del mismo a 8 años y medio por pertenencia a grupo terrorista (dos de ellos, Qadeer Malik y Shalb Iqbal, fueron condenados a un total de catorce años y medio al añadírseles seis más por tenencia de explosivos). El caso es que ahora se ha resuelto el recurso de casación presentado con una sentencia firme del Tribunal Supremo de 11 de enero: Mirza ha sido condenado en firme a sólo ocho años, y los demás han visto reducidas sus condenas a seis años. Los acusados de tenencia de explosivos eran absueltos de dicho delito. Es decir, la Sala de lo Penal del Supremo ha dejado en evidencia, no sólo a la Audiencia Nacional sino también al Ministerio Fiscal, que había solicitado a los magistrados incrementar todas las condenas en ocho años por la acusación de conspiración para cometer delitos terroristas de homicidio.
El primer acontecimiento nos recuerda con dramatismo que AQMI, una amenaza bien conocida para nosotros, sigue empeñada en explotar la presencia de extranjeros en el Sahel en su beneficio. Pero a la vez es esperanzador observar la actitud de Francia y a sus ciudadanos: el Gobierno francés trata de proteger a sus ciudadanos amenazados en el exterior y la clase política apoya dichas medidas sin que surjan voces disonantes intentando debilitarlo cuando las operaciones militares no logran coronarse con éxito. Lamentablemente, para los terroristas es extremadamente fácil producir dolor porque nunca estaremos completamente a salvo de sus garras asesinas. Pero sí es importante demostrarles que no nos doblegamos, y que sus acciones serán respondidas, en algunas ocasiones con medidas militares anticipatorias, como fue el ataque combinado de fuerzas especiales francesas y mauritanas en territorio de Malí el pasado julio. Aunque Francia es hoy por hoy vulnerable –con cinco de sus ciudadanos aún en poder de AQMI, que los capturó el 16 de septiembre junto con otros dos rehenes africanos todos ellos empleados de sociedades mineras francesas instaladas en Níger–, muestra su determinación frente a los terroristas y ofrece todo un modelo a seguir para después del zapaterismo.
El recurso de casación que se ha resuelto –como era previsible– a favor de los condenados por la Audiencia Nacional, no debe de llevarnos ni al desaliento ni al equívoco. Mejor es esto –juicios contradictorios y condenas livianas a los acusados de planear atentados– que encontrarnos con que los terroristas alcanzan sus objetivos. Son los problemas derivados de las acciones policiales preventivas, que con frecuencia ofrecen al juez muchos indicios pero pruebas escasas y débiles. Menos mal que en esta ocasión había un testigo protegido, cuya intervención ha sido decisiva para lograr las condenas, pero el escasísimo explosivo intervenido y la falta de concreción sobre día, hora y lugar de los ataques ha servido para aplicar la ley como se ha hecho.
