Nuevos Presupuestos, y nuevo recorte a lo dedicado a defensa: un 6,01% menos que en 2011, en que la reducción con respecto a 2010 fue del 8%. Desde 2008, el Ministerio de Defensa acumula cerca de un 30% de merma presupuestaria. Con la aprobación de un pago extra de casi 1.800 millones de euros, a nadie se le escapa que el problema de las cuentas de la defensa es de una enorme envergadura.
Aunque en verdad no hay uno, sino tres problemas. Por un lado está, evidentemente, el derivado de los compromisos de pago con los Programas Especiales de Armamento, que según las distintas estimaciones se mueven entre los 31.000 y los 36.000 millones. El Gobierno parece haberlo abordado como un problema independiente del presupuesto ordinario de la defensa, lo que genera el espejismo de que es algo que no tiene que ver con la pésima gestión que se ha hecho en este ámbito.
En segundo lugar, tenemos que, en términos de Producto Interior Bruto, España invierte en defensa la mitad que otros países europeos, y en la OTAN ocupa el furgón de cola. Con un 0'59 % del PIB, la defensa se ve muy mermada, especialmente si se traza una comparación con nuestros vecinos del sur. Si en pagar las nóminas del personal se va el 76% del gasto, quedan pocas dudas sobre qué queda para invertir en material o investigación.
Es necesario plantearse si, además de poco, España invierte mal. El problema de la defensa no está sólo en la enorme deuda acumulada en los grandes programas, ni en los abultados pagos que se acumulan. El presupuesto de este año, de 5.937 millones de euros, debiera ser suficiente para garantizar unas funciones mínimas, teniendo en cuenta que no incluye los gastos de las operaciones en el exterior.
Pero no es así. Las Fuerzas Armadas tienen una estructura poco ágil, unas infraestructuras costosas, abundante material que no es previsible vaya a ser utilizado y una organización que no responde a criterios estratégicos. Se invierte poco, cierto. La deuda es enorme, cierto. Pero existe un viejo y persistente problema de eficacia en el uso de los recursos destinados a defensa.
Desde este punto de vista, existe un gap importante entre las directrices plasmadas en la Directiva de Defensa Nacional y las capacidades de las Fuerzas Armadas actuales. Éstas presentan carencias graves, en formación, estructura y dotación; son poco adecuadas a los retos actuales que el referido documento describe.
La terapia debe ser de choque, ha de consistir en un cambio cualitativo y no cuantitativo. Los 5.900 millones de euros son escasos, pero debieran bastar para garantizar unas capacidades mínimas que hoy se nos escapan. Ahora bien, habría que acometer cambios que van mucho más allá de la mera adecuación temporal de los ejércitos a la situación económica. Sin esta profunda reforma, no es que no se haga más con menos: es que con menos se está haciendo... menos aún.