Según el guión establecido por los negociadores, Batasuna ha movido ficha. En primer lugar, cabe recordar lo evidente, que no está ilegalizada por no condenar a ETA, sino por ser ETA. Sus dirigentes, alguno de los cuales hemos visto sonriendo inocentemente en el Euskalduna, son dirigentes de ETA. No metafóricamente, sino en términos literales. No son mandados, sino que mandan: en el pasado han elaborado la estrategia para la banda, la han ordenado y la han llevado a cabo. Conviene recordar que de lo que se está hablando es de abrir la puerta a delincuentes, que llevan años dirigiendo la máquina exterminadora etarra, que huelen que apestan a Goma-2 y a los que costó expulsar.
La Ley de Partidos no tenía como objetivo que los partidos tuviesen bonitas fórmulas en bonitos estatutos, sino evitar que ETA utilizase las instituciones para el crimen y la extorsión, utilizando la democracia contra sí misma desestabilizándola y amedrentando. ¿Alguien en su sano juicio cree que Rufi Echeverría, Iruin y demás mafia etarra van a hacer otra cosa a partir de ahora de lo que siempre han hecho, amenazar y extorsionar a alcaldes y concejales? ¿Alguien mínimamente cuerdo piensa que las instituciones vascas y navarras no se van a ver desestabilizadas cuando entren por la puerta grande impunes de sus actividades? Permitirles volver es como haber permitido en 1945 a Göring sentarse de nuevo en el Reichstag: para los progresistas de Madrid será el fin de algo; para los concejales constitucionalistas del Goyerri, el principio de una pesadilla futura.
Salvo sorpresas, las listas de ETA serán legalizadas bajo el pretexto de que son imposibles de ilegalizar, siguiendo el esquema del año 2007, cuando arbitrariamente se aceptaron unas listas sí y otras no. Los informes policiales fueron obviados por Rubalcaba entonces y lo serán ahora. Confiar en la justicia después de lo entonces ocurrido carece de sentido. La decisión se toma no en los tribunales, sino en los despachos de Ferraz, Moncloa y el Ministerio del Interior. En segundo lugar, Caamaño, en relación con los tratos con ETA, estuvo en 2006 tan implicado como Rubalcaba. Aún sin ser ministro, fue el encargado de estudiar las fórmulas para superar los escollos legales de la integración de Navarra en el País Vasco. Hoy es entusiasta partidario de la negociación con ETA, por lo que poco se puede esperar en relación con el Ministerio de Justicia, más que más polvo en las arrastradas togas.
Según ha reconocido El País, baluarte de la negociación, Eguiguren es el gran valedor de proceso. En el año 2006, ETA afirmó que los socialistas habían sugerido el uso de las siglas ANV para colarse en las instituciones. Y en este caso, la declaración de Batasuna es producto de conversaciones ya avanzadas, a las que no son ajenos los negociadores internacionales que, como ha dicho Salvador Ulayar, hacen caja a costa de los muertos. Hay una hoja de ruta que veremos desplegarse en los próximos días y semanas en una cuidada escenificación. Los socialistas no son ajenos a la declaración de Bilbao.
¿Dónde queda la resistencia a los pactos? En primer lugar, está claro que las víctimas que salieron a la calle el sábado pasado llevaban razón. Si se quiere impedir que los asesinos y los cómplices de los suyos estén en las instituciones, las víctimas deberán marchar otra vez, a poder ser unidas, porque el tsunami negociador se las llevará por delante a todas. En segundo lugar, el Partido Popular deberá elegir entre la trampa del consenso de los cantos de sirena del Gobierno, y las víctimas y su base social. La posición mantenida hasta ahora, haciendo caso omiso a las pruebas y mirando hacia otro lado, es ya insostenible. Entre la doctrina Aznar de la lucha total y sin concesiones contra ETA, y la política de Zapatero de tender la mano no hay término medio. Quien no esté dispuesto a enfrentarse a Rubalcaba y a los editoriales de El País forzando a la rendición, es mejor que se quite de en medio.
Por último, la presencia de Batasuna y la rehabilitación de ETA es algo que unifica a toda la izquierda española, desde los medios de comunicación hasta los partidos políticos. Para llevar a cabo una negociación que no era necesaria, el clima social se crispará, como en 2006 se señalará a los "enemigos de la paz", y convivencia otra vez se tensará como entonces. La ruptura del consenso constitucional tiene expresión en este asunto, que tanto unió a la izquierda –a excepción de la socialdemócrata de UPyD– en 2006, frente a los que no querían los pactos con ETA. De entrada, Felipe González –cuya lucha antiterrorista se resume en dos palabras, GAL y Argel– secundado por el PSOE ya ha señalado a Mayor Oreja como molesto opositor. Es quizá esto lo peor, porque el regreso de ETA a las instituciones de la mano de los socialistas tiene como precio la división profunda de los españoles.