Los datos desvelados por Ignacio Cosidó en su último informe no dejan lugar a dudas. Los delitos tratados por las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) pasaron de 2.124.128 en el año 2004 a los 2.393.569 de 2007, es decir un 12% más. Los casos llevados a los tribunales han crecido un 10% –603.501 más–, lo mismo que las diligencias incoadas por los fiscales, que han aumentado un 11%. Y lo han hecho en toda España, sin excepción. Esto en cifras globales, porque en relación con su tipología, los delitos más graves, es decir, los que afectan a la vida, la libertad y la integridad de los españoles, han pasado de ser 101.285 en el año 2004, cuando el Partido Popular dejó el poder, a 132.285 en 2007. O lo que es lo mismo: con Zapatero y Rubalcaba los delitos más graves se han disparado un 31% respecto a la época de Aznar y Acebes.
Los escalofriantes datos no son más que la constatación estadística del hecho de que los españoles se sienten hoy menos seguros que hace cinco años. Y lo que es peor, las cifras de 2008 empeorarán considerablemente las del año anterior; sólo los datos de la Guardia Civil arrojan ya un 9% más que en 2007. Eso sin contar con el impacto de la crisis económica en las capas más desfavorecidas y en la inmigración ilegal, que aún está por venir.
Que la seguridad en nuestras calles se haya deteriorado desde que Zapatero llegó al poder con su carga de talante y de hacer las cosas de manera distinta, pese a ser previsible no deja de ser grave. Si el cometido del Ministro de Interior es velar por la seguridad de los españoles, y con Rubalcaba ésta se está deteriorando progresivamente, hay que exigirle, para empezar, responsabilidades.
Con ser grave que un ministro de Interior sea incapaz de cumplir con su obligación, esto no es lo peor. Los datos desvelados por Cosidó ponen de manifiesto que Rubalcaba mintió y manipuló las cifras presentadas en la sede de la soberanía nacional. Primero, mostrando como si fueran de todo el territorio nacional los datos sólo correspondientes a la Policía Nacional y la Guardia Civil, escondiendo los referentes a las policías autonómicas. Y segundo, presentando unos datos que no cuadran ni con las memorias de la Fiscalía ni con las del propio Ministerio del Interior y las FSE. En un becario de primero de carrera podría ser verosímil un error así, pero no cabe esa posibilidad en un ministro de Interior.
¿Debe dimitir? En cualquiera de los países de nuestro entorno, Rubalcaba atesoraría antes de este escándalo suficientes motivos para irse a su casa. Aún está por esclarecerse el papel que el Ministerio del Interior tuvo en las negociaciones con ETA, especialmente en episodios tan oscuros como el caso del bar Faisán, la legalización de ANV o los tristemente famosos informes de "verificación" de la tregua. Episodios que, por ahora, permanecen sin aclarar y cuya responsabilidad –política y más allá de política– aún habrá que esperar para depurar.
Nos hemos acostumbrado con demasiada facilidad a que este ministro del Interior se sitúe permanentemente en la sospecha absoluta, como si fuese algo normal en una democracia. Es absurdo e incluso inmoral zanjar las andanzas de Rubalcaba con bromas sobre su maldad, su falta de escrúpulos o su retorcida inteligencia. Porque son las instituciones del Estado las que se desgastan con comportamientos como el suyo, inadmisibles en un cargo público. Y tampoco sirve de excusa que otros ministros, o el propio Zapatero, se muestren cada vez más incapaces de gobernar España, porque es la seguridad de los españoles en la calle con lo que juega Rubalcaba.
Existe una mitología en torno a Rubalcaba en la que es difícil separar lo real de lo novelado. Y él se mueve con gusto en esa posición. Pero en este caso, las cifras son palpables, no mienten, son públicas y no están sujetas ni a opinión ni a interpretación. Han pillado a Rubalcaba y lo han pillado con las manos en la masa. Si en otros países de nuestro entorno hubiese dimitido, ¿por qué en España va a ser distinto?