Si las cosas no se tuercen mucho para el Gobierno, los españoles acabaremos la legislatura con nuevas leyes proabortistas y proeutanásicas. Con un reconocimiento legal del derecho a la muerte, o lo que es lo mismo, con un Estado con el deber de matar a determinados ancianos y a determinados niños en el vientre de la madre. O sea, el modelo de sociedad que durante siglos ha sido la pesadilla de conservadores y liberales; un Estado que pone los medios legales, administrativos y técnicos para acabar con la vida de los ciudadanos, para decidir quién puede morir o vivir.
Podemos reírnos de la escasa formación y preparación intelectual de los ministros de ZP, pero la verdad es que en algunas cosas sobrepasan en inteligencia a la derecha. Hoy, ésta sigue siendo incapaz de entender que por debajo de las instituciones políticas de un país se extienden las creencias morales, ideológicas y culturales de la sociedad. Controlando la conciencia del bien, del mal, de lo justo y de lo injusto de los ciudadanos, se controla la política.
Y la izquierda tiene muy claras estas creencias. ¿Alguien piensa que la ofensiva laicista saldrá gratis? Para la izquierda que hoy ocupa el poder, el hombre no es más que materia biológica sometida a deseos irracionales, y su libertad no es más que la capacidad de elegir como satisfacerlos. Por eso le sobran el cristianismo en las iglesias o la filosofía en los colegios, y por eso los sustituye por "Educación para la ciudadanía". Y por eso hoy se dedica a enseñar masivamente a los ciudadanos cuándo su vida es digna y cuándo no lo es y, por tanto, debe aceptar convertirse mansamente en material de desecho hospitalario.
Esta cultura para la muerte está invadiendo la administración. Se dedica a "concienciar" a los médicos de las unidades de cuidados paliativos e intensivos para que centren su atención en cómo y cuándo matar a los enfermos, hasta ese punto ha degenerado la llamada "bioética". Ésta, infectada por el materialismo progresista, ha acabado por reducirse a la discusión jurídica sobre cuándo y cómo matar a los enfermos de la manera más eficaz tanto administrativa como legalmente. A esto se dedica el ministro de Sanidad, Bernat Soria.
La legislatura acabará con un Estado con más libertad para acabar con nuestras vidas, y dotado de mecanismos jurídicos y administrativos para hacerlo. Quitarse de en medio afirmando que todo es una cortina de humo para tapar la crisis económica es una irresponsabilidad en la que está cayendo gran parte de la derecha, tanto política como mediática. Caer en la trampa de pensar que se trata de cuestiones morales individuales es aún más grave: ante las mismísimas narices del liberal-conservadurismo español se está configurando una nueva sociedad que es de pesadilla.
Aún se está a tiempo de parar algo inaceptable para España, porque una sociedad dedicada a la muerte está condenada. Hasta ahora el Partido Popular ha podido escurrir el bulto en estos temas, pero el tiempo se acaba. La responsabilidad exige tomar cartas en este asunto, porque tiene muchísima más trascendencia moral e histórica que la crisis económica. Es su obligación y su responsabilidad movilizarse en pleno para frenar al Gobierno. En caso contrario, en el futuro serán sus dirigentes los que tengan que dar explicaciones de cómo convinieron con la izquierda, aunque fuese por omisión, en convertir al Estado en un agente dedicado a causar la muerte de los españoles más indefensos.