Hace ya demasiados días que Asturias sufre el acoso violento de un colectivo que se cree con derecho a atentar contra la propiedad pública y privada y a vulnerar toda clase de libertades con el pretexto de defender sus intereses particulares. Hace ya demasiados días que los asturianos, los que viven de su esfuerzo y no de la caridad del Estado, tienen que soportar la coacción de unos individuos que piden más para ellos a costa de quitárselo a los demás.
La cuestión es sencilla: cuando un negocio no es rentable, no debería mantenerse artificialmente con el dinero de los contribuyentes. Así sucede en la gran mayoría de sectores económicos. En los últimos años han cerrado miles de bares y peluquerías, librerías y tiendas, inmobiliarias y pymes. Por no hablar de los cientos de miles de puestos de trabajo destruidos en el sector de la construcción. ¿Por qué se creen los mineros con más derechos que el resto de trabajadores? ¿Por qué creen que merecen recibir un sueldo por no trabajar o hacerlo en un sector totalmente improductivo?
Este conflicto no es nuevo, llevamos decenas de años con la misma cantinela. Hace mucho tiempo que el carbón de Asturias, de León o de Palencia no es competitivo en el mercado. Hace muchos años, por tanto, que debían haberse tomado las medidas necesarias para paliar esta situación e iniciar una reconversión seria y real. El objetivo final de los mineros debería haber sido obtener los recursos y promover la generación de un tejido industrial productivo alternativo a la obsoleta minería. Desarrollar nuevos sectores empresariales que no condenaran a las cuencas a la más absoluta miseria. En definitiva, luchar por el futuro de sus hijos.
Pero no lucharon por esto, ni por sus hijos, ni por el futuro de su tierra. Lucharon por una buena prejubilación sin importarles lo demás, pero en el camino hipotecaron muchas cosas y ahora, cuando el fin del sector se acerca, dan sus últimos coletazos ante lo inevitable. Desde 1990 las provincias mineras recibieron más de 25.000 millones de euros en subvenciones. Únicamente en el periodo 2006-2012, el Plan del Carbón les otorgó 8.225 millones de euros de los cuales, el 35% deberían haberse dedicado a actividades de reactivación. ¿Qué se hizo con ese dinero?
Esa debería haber sido la mayor preocupación del sector minero, que los fondos públicos se destinaran a crear una alternativa factible que permitiera seguir viviendo en las cuencas cuando el dinero dejara de llegar. ¿Dónde estaban los mineros cuando los sucesivos gobiernos de Asturias dilapidaban las subvenciones? ¿Dónde estaban los mineros cuando los gobiernos regionales hacían esto ante la pasividad de los sindicatos? ¿Dónde estaban los mineros cuando, año tras año, llegaban cientos de millones de euros que desaparecían sin invertirse en nada productivo?
La realidad es que en 2018 no llegará ni un euro más de la UE para mantener este sector improductivo. Ese día, a las comarcas mineras ya no les quedará nada y cuando salgan a quemar la calle no contarán ya con el apoyo de nadie. El camarero de Brujas, la peluquera de Frankfurt, el jardinero de Lyon o el carnicero de Albacete están ya hartos de pagar impuestos para que otros vivan mejor y se les otorguen derechos que a ellos mismos se les niegan.
Mientras tanto, tal vez fuera conveniente que el Gobierno de España aplique la ley antiterrorista a todos aquellos que coloquen troncos en la vía del tren poniendo en peligro la vida de otros ciudadanos. Hace tiempo que perdimos la esperanza, pero ojalá Asturias comience a luchar por su futuro empezando por no permitir que quemen sus calles los que en su nombre hipotecaron su porvenir.