El 22 de febrero de 2012 se produjo un accidente en la estación Once de Septiembre de Buenos Aires, uno de los intercambiadores más importantes de la capital argentina. Un tren abarrotado entró en la estación a 20 kilómetros por hora, pero no frenó y chocó contra el andén. Murieron 51 personas y 703 quedaron heridas.
La opinión pública enseguida señaló como responsables a la presidenta peronista y a su corte (los ministros Julio de Vido y Florencio Randazzo), a los secretarios de Transporte y a los hermanos Cirigliano, empresarios titulares de la concesión de Trenes de Buenos Aires, concedida por el presidente (también peronista) Carlos Ménem en 1995. La empresa de los Cirigliano recibe cientos de millones de pesos anuales del Gobierno federal en concepto de subvenciones (del precio de los billetes) y reparaciones (de trenes y vías), pero no se ven los frutos.
En junio, un fiscal pidió el procesamiento de uno de los hermanos Cirigliano, de varios funcionarios y cargos políticos y del maquinista que conducía el tren.
El pasado día 8, poco antes, pues, de que se cumpliera el primer aniversario de la catástrofe, se produjo un asesinato en Buenos Aires. La víctima fue Leonardo Ariel Andrada, de 53 años, empleado ferroviario y testigo clave en la causa que investiga la tragedia del Once, porque era el conductor del tren accidentado en el primer turno. Recibió cuatro disparos por la espalda cuando esperaba el autobús para dirigirse a su trabajo. Lo único que se llevaron los atacantes fue un teléfono celular; dejaron en los bolsillos del muerto 1.200 pesos. Andrada ya había declarado durante la instrucción que el tren llevaba el triple de pasajeros de su capacidad. Al día siguiente, unos ladrones irrumpieron en la vivienda del asesinado, mientras se desarrollaba su velatorio.
¿Ha sido un asesinato de encargo para ocultar un testimonio peligroso para el Gobierno o los Cirigliano, o se trata de mera casualidad (un individuo tiroteado, un tiro de gracia, irrupción de unos ladrones en el velorio del individuo asesinado)?
En Argentina ha habido numerosos asesinatos, explosiones, incendios y desapariciones que han impedido la condena de gobernantes o de amigos y socios de gobernantes. Dos ejemplos:
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en 1995 se produjo una explosión en una fábrica de armas en Río Tercero: murieron siete personas y desaparecieron pruebas que implicaban al entonces presidente, Carlos Ménem, en el tráfico ilegal de armamento a Croacia y Ecuador;
- el Gobierno argentino y el iraní, que han establecido una alianza similar a la que vincula a Caracas y Teherán, están negociando un acuerdo para aclarar (u ocultar más) el atentado contra la mutua judía AMIA en Buenos Aires (1994), en el que murieron 85 personas y que dos fiscales atribuían al régimen iraní.
O delincuencia rampante o asesinato por encargo o simple casualidad. Ustedes escogen.