Según las últimas estadísticas dadas a conocer por el secretario de Estado de Industria, España consolida su tendencia positiva en cuanto a exportaciones de armas, alcanzando un incremento del 101,5% con respecto a 2005. Buena noticia para la industria de armamento española. Pero estos datos se daban a conocer casi al mismo tiempo en el que la Comisión de Defensa del Senado aprobaba el proyecto de Ley de Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. Con esta ley se pretende ampliar los mecanismos de control parlamentario y transparencia informativa sobre las exportaciones españolas de armas. Falta hacía.
Los socialistas se han congratulado inmediatamente de "estar en la vanguardia de la lucha por el control de las armas" y de cumplir escrupulosamente con las normativas nacionales e internacionales al respecto. Claro que vender armamento a China e Irán, como aparece en las estadísticas, entra en contradicción con algunos de los ocho criterios del Código de Conducta de la Unión Europea (UE); respeto de los derechos humanos, estabilidad regional, comportamiento del país comprador ante la comunidad internacional, riesgo de desvío o la existencia de embargos. Esto lo dicen los informes de las ONG, pero al Gobierno poco parece importarle decir una cosa y hacer otra.
Pero es que tampoco se respetó el Código de Conducta de la UE en la gloriosa venta de material militar al Ministerio de Defensa venezolano en noviembre de 2005, cerrada por el entonces ministro Bono. Se trataba, según sus palabras, de una "venta histórica" aunque "era una excepción porque el Ministerio no se dedicaba a vender artículos relacionados con la Defensa". Desde luego fue el mayor pedido de un país extranjero a la industria militar española de los últimos años: 12 aviones y 8 fragatas construidas respectivamente por EADS-CASA y Navantia por valor de 1.700 millones de euros. Para hacerlo, Bono escuchó al cerrar la operación los elogios envenenados del caudillo venezolano dirigidos al Gobierno español por su capacidad de resistencia ante el imperialismo americano. Hizo caso omiso a las advertencias de Estados Unidos sobre un régimen cada vez más alejado de la democracia y causante de inestabilidad en la región. La "operación comercial con armas pacíficas", como la definió Zapatero, empujó inevitablemente a EEUU a vetar el uso de su tecnología para los sensores de los EADS-CASA, encarecer el producto y cancelar la venta de los aviones.
Al final, un ridículo espantoso: España apareció ante la comunidad internacional como aliado del caudillo populista, y se viciaron aún más las relaciones con Washington. Aún hoy resultan incomprensibles las razones de aquella venta, la falta de responsabilidad del Gobierno y su torpeza diplomática. Con Bono no sólo se violó el Código de Conducta sino que hubo una total y absoluta falta de transparencia informativa. Para justificar la venta, ZP dijo que se trataba de armas para uso pacífico –¿existen las armas pacíficas?–, pero eso no impidió que el contrato estuviera sometido a cláusulas de confidencialidad que impidieron divulgar los detalles de la operación. Bono mantuvo los datos en secreto y Alonso tampoco está por la labor de divulgar unos datos de interés general. ¿Por qué aún hoy se esconden? Una de las últimas veces que preguntaron al actual ministro de Defensa sobre la situación del contrato de venta de las naves de Navantia a Venezuela, se limitó a señalar que se trataba de un tema "viejo y antiguo", escurriendo el bulto. Esta manera de escaquearse nos es familiar y nos obliga a hacernos una pregunta: Bono, Alonso, ¿quién es más escurridizo de los dos?
