Zapatero ignora muchas cosas –como qué es el Euríbor– pero se sabe una capital en una democracia decadente: cómo ganar elecciones. A fin de librarse de la presión de sus aliados nacionalistas y de aumentar su electorado, el PSOE se ha dedicado a la alteración del censo mediante el reconocimiento de la nacionalidad española –derecho a pasaporte y a voto– a descendientes de supuestos exiliados por culpa del franquismo, y mediante la concesión del derecho de voto en las elecciones municipales a residentes extracomunitarios.
En el verano de 2008, el PSOE de Zapatero aprobó en su 37º Congreso la concesión del derecho de voto en las elecciones locales a los inmigrantes, con el objetivo de favorecer su integración. Y en agosto, el Gobierno nombró a un embajador especial encargado de presentar el proyecto en Quito, Rabat, Moscú, Lima, México, Brasilia, Lagos, Caracas...
Poco más de dos años después, las Cortes aprobaron convenios con Nueva Zelanda, Colombia, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Ecuador, Paraguay, Islandia y Cabo Verde. El resultado es que, en las elecciones locales pasadas, se excluyó por primera vez del censo a los españoles residentes en el extranjero, pero se incluyó en él a los ciudadanos de los países citados. Paralelamente, el PSOE, encabezado por Pedro Zerolo, hizo campaña para que estas personas se inscribiesen.
Si no hubo más convenios fue porque la Constitución Española establece un requisito en su artículo 13: el principio de reciprocidad. Los españoles deben de gozar en el país de residencia de los mismos derechos que los ciudadanos de éste en España. La anterior Constitución marroquí impedía el voto a los extranjeros –a no ser que se nacionalizasen– pero la nueva, aprobada en un referéndum irregular, permite la reciprocidad.
Hay al menos 3,3 millones de marroquíes en Europa. Mohamed VI y su corte parecen haberse dado cuenta de que constituyen "toda una fuerza electoral", como ha escrito uno de los principales propagandistas de la dictadura de Rabat. De éstos, en torno a un millón viven en España. Si se les reconociera el voto, muchos candidatos a alcaldes –en especial de este partido promarroquí llamado PSOE– les cortejarían. Lo que alteraría posiciones diplomáticas, se resentirían las ayudas a los saharauis, se abrirían mezquitas pagadas por dinero público, se autorizaría el velo e los colegios y el burkini en las piscinas y habría alcaldes marroquíes en Ceuta, Melilla y otras ciudades de la península.
A la ministra Trinidad Jiménez le faltó tiempo para felicitarse por el triunfo del sí a la carta otorgada por Mohamed VI a sus súbditos, y anunció entusiasmada la apertura de negociaciones con Rabat: "Vamos a firmar los convenios y a realizar las cuestiones oportunas para ello". Si el PSOE se saliese con la suya, metería en el censo de golpe y porrazo quizás a 500.000 nuevos votantes. ¿Nuevas falanges para un PSOE al que están abandonando hasta sus fieles votantes andaluces y catalanes? En cualquier caso, esos votantes, casi todos de religión musulmana, seguirán teniendo como príncipe de los creyentes a un jefe de Estado extranjero.
Ahora bien, ¿tendrá tiempo suficiente el PSOE para tramitar el convenio y presentarlo en las Cortes?, ¿contará con los diputados suficientes? Y más importante aún: ¿qué piensan de este proyecto el Partido Popular y CiU?