No sólo Honduras tiene problemas para defender su democracia. El próximo 20 de agosto Afganistán celebrará sus segundas elecciones presidenciales y provinciales desde la caída del régimen talibán en el otoño de 2001. Pocas diferencias hay con respecto a las de 2004, las que consolidaron a un Hamid Karzai cada vez más desgastado y que deberá de rivalizar con otros 40 candidatos. En Afganistán sigue sin haber partidos políticos, las campañas electorales son atípicas, pues se producen en un país en el que casi no hay electricidad, las redes de comunicación siguen siendo casi inexistentes y la violencia y la corrupción son endémicas. Además, la rudimentaria ley electoral sobre la que se basa la celebración de los comicios no se respeta en absoluto pues, prohibiendo a los candidatos pertenecer a facciones militares, los dos contrincantes más directos al liderazgo de Karzai son guerreros: uno es Mohamed Qasim Fahim –un tayiko acusado de crímenes de guerra–, y el otro es un chií hazara, Karim Jalili, también vinculado a actividades armadas. A pesar de ello 15,6 millones de electores se han inscrito para votar en un país de 32 millones de habitantes.
Es previsible que las elecciones sirvan para confirmar la figura de Karzai y para que este legitime apoyos y alianzas con otros grupos y etnias de cara a consolidar su poder. Por otro lado, el pasado guerrero de la sociedad –y en particular su guerra contra los soviéticos entre 1979 y 1989– hace que el perfil de los señores de la guerra sea un aditamento obligado, y las complejas y a veces contradictorias aproximaciones entre grupos armados y clanes dificulten –en lugar de facilitar– el combate contra los talibán y Al Qaeda. Además, como también aquí se prodigan las amnistías, se retroalimentan la violencia y la corrupción.
Tras un mes de mayo con al menos nueve ataques suicidas, el asesinato de alcaldes y gobernadores –el de la provincia de Lagham y el del distrito de Omna en la provincia de Paktika, saliendo el de la de Kunduz herido grave–, el intento de asesinato de Ahmad Wali Karzai, hermano del presidente y los consabidos atentados contra fuerzas de la coalición y enfrentamientos varios, el mes de junio ha estado marcado también por la violencia y por los efectos de la operación antiterrorista en el vecino Pakistán.
Esta situación, en palabras del Jefe del Mando Central Estadounidense (USCENTCOM) David Petraeus, se caracterizará por la intensificación de los combates hasta los niveles de 2001, momento en el que hubo de hacerse un gran esfuerzo para desalojar a los talibán del poder en Kabul. Diversos países de la Coalición están haciendo esfuerzos "ad hoc" para dar seguridad al proceso electoral y a los propios comicios, alargándolos en el tiempo por si hubiera que celebrar dos vueltas. España empieza a enviar en estos primeros días de julio efectivos que alcanzarán los 450 y que estarán desplegados en suelo afgano –en nuestra zona de despliegue de Herat y Badghis– hasta septiembre, y si hubiera segunda vuelta en las elecciones, hasta octubre. La inseguridad es tan evidente que la propia ministra de Defensa, Carmen Chacón, llegó a reconocer durante su intervención ante la Comisión de Defensa del Congreso del pasado 17 de junio en la que se autorizó al Gobierno el despliegue, cuáles son las zonas de ambas provincias que más peligro entrañan: Shindand y Adraskan, en Herat, y Bala Murghab en Badghis.
Como Estados Unidos ya se ha cansado de pedir esfuerzos más significativos a sus aliados, carga ya con el grueso de las operaciones –tiene sobre el terreno 68.000 efectivos, es decir, dos tercios de todas las tropas extranjeras desplegadas– y concentra como es lógico el mando supremo, en manos del general Stanley McChrystal, y otros dos subalternos también en manos de generales estadounidenses: uno para las operaciones militares y otro para el entrenamiento de un Ejército Nacional Afgano que cuenta hoy tan sólo con 80.000 efectivos.