Parecía imposible acumular más despropósitos en el desarrollo del juicio de la llamada “Operación Temple”, una de las más importantes de la lucha contra el narcotráfico en España. Era difícil imaginar que tras el escandaloso caso del "Narco volador” pudiera “volar” otro narcotraficante de ese mismo caso y de esa misma Sala de la Audiencia Nacional. Pero esa palabra, “imposible”, no rige para la Justicia española. Si algo malo puede pasar, pasa; y si parece imposible que pueda repetirse, se repite. Después del “Negro”, ahora se ha escapado “El Rubio”, a punto de sentarse en el banquillo para hacer frente a dos peticiones de condena de 17 años de cárcel cada una. Comprensiblemente, el “narco” en libertad provisional con una fianza de las clásicas en la Sala IV, cinco milloncitos de pesetas, ha desaparecido. ¿Quién podría reprochárselo?
Ya había sido condenado una vez a ocho años de cárcel y estaba considerado como el colaborador gallego más importante de los “capos” colombianos de la droga, de forma que su fuga sigue un principio estrictamente jerárquico que sólo a los jueces de la Audiencia Nacional puede coger por sorpresa. Pero los ha cogido. El presidente Carlos Dívar, que tan destacada actuación tuvo en el caso del "Narco volador" y de sus inolvidables jueces –Cezón, Ollero y López Ortega–, ya ha cargado a la fiscalía con el muerto vivo. Tampoco el aspecto doctrinal ha estado ausente: “es imposible controlar voluntades ajenas sin suprimir la libertad provisional”. ¡Pues suprímanla! ¿O es que creen ustedes que a los ciudadanos les importa más en este caso la retórica garantista de unos jueces bajo sospecha que tener a buen recaudo a los delincuentes? Lo que vamos a tener que ir pensando es en cómo tener a buen recaudo a algunos jueces. Tienen más peligro que los propios delincuentes.
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