Aunque aún faltan semanas para la concreción ministerial del Gobierno Zapatero, los nombres que ya no se discuten para las carteras fundamentales resultarán pavorosos para los que aún se estremecen al recordar los últimos años del felipismo. Quizá lo más estrambótico de la última legislatura fue el biministerio de Belloch, híbrido de Justicia e Interior, que ya es mezclar poderes, pero además tal y como los entiende la izquierda, es decir, como campos propicios para hacer lo que le da la gana contra la oposición más que contra la delincuencia y para utilizar la Ley en el sentido exactamente contrario al que debería tener en democracia: garantía del ciudadano ante el Gobierno. Desde el atentado contra Aznar hasta las hazañas de corrupción contra la corrupción, como la de Roldán y el Capitán Khan, pasando por el fulgor y caída de Garzón, un cúmulo de irregularidades, atropellos e ilegalidades enfangó las postrimerías de aquel proyecto de régimen a la mexicana. Y dos de los ministrables actualizan aquel período funesto.
Uno es la Número Dos del Gobierno de ZP, que ya lo fue del biministro Belloch, María Teresa Fernández de la Vega, modelo de promoción a través del cuarto turno de unos jueces que lo son por ser políticos y unos políticos que lo son por ser jueces, o sea, ni una cosa ni la otra o lo peor de las dos. Y como sólo el sectarismo permite ascender por esos mecanismos viciados, no es de extrañar que presidiera tanto su acción de gobierno como de oposición. Todavía tiene peor aspecto el nombramiento de Alonso en Interior, que podría hacer bueno, buenísimo al del mismísimo Belloch. Baste decir que se opuso al cumplimiento íntegro de las penas por los etarras cuando ocupaba uno de los sitios reservados al PSOE para ver que su voluntad de luchar contra la ETA va exactamente en sentido inverso a la del PP, que tan grandes servicios ha prestado a la nación. Si le añadimos su estrecha amistad con Fernández Bermejo, el fiscal madrileño que tuvo una actuación tan descarada como politizada durante la crisis de la Asamblea de Madrid, y que se perfila como fiscal general del Estado, el Ministerio de Seguridad se anuncia de Inseguridad. Policial, jurídica y de cualquier clase.
De alguien inédito, aunque inexperto, podría esperarse una agradable sorpresa. De Solbes, ninguna, salvo una previsible mediocridad. Pero hasta la economía depende de la política, del respeto a las reglas del juego y al Estado de Derecho. Y tanto Alonso como Fernández de la Vega, dos piezas claves de cualquier Gobierno español, tienen acreditada una trayectoria de tal sectarismo durante la era felipista que sólo los incautos pueden esperar de ellos rectificación, moderación o dulcificación. Ya puede hablar de humildad Zapatero que, si elige déspotas, tendremos despotismo. El mismo del ocaso de Tigrekán II (ya se ve que no definitivo), con episodios como el del capitán Khan, que sólo añadieron ribetes chuscos o esperpénticos a una política esencialmente siniestra.